El Departamento de Justicia de EE.UU. incautó más de 127.000 bitcoin, valorados en 15.000 millones de dólares, a la red de estafas Prince Group que opera en Camboya, en el sudeste asiático. Según una demanda civil de confiscación, la medida fue presentada el 14 de octubre de 2025 por la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos en el Tribunal de Distrito Este de Nueva York.
Como informó antes CriptoNoticias, los bitcoin decomisados estaban en manos de Chen Zhi, conocido también como «Vincent», fundador y presidente del Prince Group. Él se encuentra prófugo y se le acusa de conspirar para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, al liderar las operaciones de una red criminal que ejecutaba estafas de inversión en línea mediante el uso de trabajo forzado en Camboya.
La confiscación eleva las reservas de bitcoin del gobierno estadounidense a más de 325.200 BTC, equivalentes a 36.000 millones de dólares, lo cual lo convierte en el decomiso civil más grande de la historia.
Un informede la compañía Elliptic conecta estos fondos con el presunto robo de una operación de minería de Bitcoin en China e Irán (LuBian) perpetrado en diciembre de 2020. La firma explica cómo las operaciones se usaron para lavar ganancias provenientes de estafas de pig butchering (matanza de cerdos)— engaños donde las víctimas invierten en plataformas falsas de activos digitales, con pérdidas de miles de millones—, operadas desde Camboya.
Elliptic agrega que los fondos permanecieron inactivos hasta junio de 2024, cuando se movieron a nuevos monederos de bitcoin, posiblemente atrayendo la atención de autoridades estadounidenses. Además, los investigadores destacan el rol del Prince Group en el lavado de miles de millones a través de la minería digital y negocios aparentemente legítimos.
Un robo a una empresa minera de Bitcoin
Como la investigación apunta, en diciembre de 2020, un hacker desconocido robó más de 127.000 BTC (unos 3.500 millones de dólares en ese momento) explotando una vulnerabilidad. Esto ocurrió por una debilidad en el algoritmo de generación de claves criptográficas de la granja LuBian. Un hecho que la hizo vulnerable a ataques de fuerza bruta y que permitió adivinar las claves privadas al ser muy débiles.
Sobre este punto, es importante mencionar que, según lo que contempla el informe, hay certeza de que lo sufrido por LuBian fue un robo externo puro o parte de un esquema interno para ocultar fondos ilícitos. Aunque también todo parece apuntar a que un hacker oportunista aprovechó la debilidad en los monederos.
Tras el robo, LuBian envió cientos de transacciones por más de 40.000 dólares al ladrón, incrustando un mensaje desesperado: «Please return our funds, we’ll pay a reward» («Por favor, devuelvan nuestros fondos, pagaremos una recompensa»). Pero, aún así, los BTC robados quedaron inactivos hasta junio de 2024, cuando se movieron a nuevos monederos —lo que sugiere que el hacker intentó reactivarlos, provocando la acción del Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU., que los incautó, como lo detalla Elliptic.
La comunidad debate: ¿decomiso o hackeo?
Todo esto ha desatado el debate en redes sociales. «Si el gobierno obtuviera las claves privadas mediante procedimientos legales, no habría problema. Sin embargo, si técnicamente accedieran a las claves y transfirieran los activos, se consideraría un ‘hackeo oficial», alertan usuarios de X.
El investigador on-chain ZachXBT generó revuelo al cuestionar la forma en la que el gobierno de Estados Unidos obtuvo la custodia de más de 127.000 bitcoin.Señaló que las direcciones de los monederos listados en la queja del Departamento de Justicia (DOJ) fueron identificadas hace dos años en un informe de MilkySAD por vulnerabilidades en claves privadas. Algo que facilitaría accesos no autorizados.
Ahora, con el DOJ afirmando control total sobre estos fondos, surge la duda: ¿explotó el gobierno estas debilidades técnicas para «drenar» las wallets, en lugar de solo ejecutar órdenes judiciales?
Otras voces en X amplifican estas sospechas, como Crypto Sum, quien interpreta la incautación como un posible «hackeo o recuperación» de wallets vulnerables.
Carrera por la incautación de bitcoin
Todo esto ocurre poco después de que CriptoNoticias informara que 90.000 bitcoin permanecen ilícitos a la espera de ser incautados por los gobiernos. Esto, según la concentración de bitcoin y criptomonedas que permanecen en manos del crimen organizado, lo cual representa una oportunidad única para las autoridades globales, según un informe de Chainalysis.
Hasta julio de ese año, las entidades delictivas acumulaban casi 15.000 millones de dólares en BTC, ether (ETH) y stablecoins, un incremento del 359% respecto a 2020, impulsado por la revalorización de bitcoin que representa el 75% de estos fondos.
Estos tesoros digitales son un objetivo prioritario para incautaciones de alto impacto, y la ventana para actuar se estrecha rápidamente.
Ahora lo que puede estar pasando es que el Estado estadounidense está transformando su enfoque hacia los bitcoin decomisados, pasando de la liquidación rápida para obtener dólares a una estrategia de acumulación que los posiciona como reserva de valor nacional.
En marzo de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece una reserva estratégica de bitcoin y un «Almacén de Activos Digitales de Estados Unidos». La reserva se conformaría utilizando alrededor de 200.000 BTC incautados previamente, y prohibiendo explícitamente su venta para preservar su potencial a largo plazo.
Esta medida, que revoca regulaciones anteriores más restrictivas, refleja un cambio paradigmático. Evidencia que el gobierno ya no ve a BTC como activos problemáticos, sino como un «oro digital» esencial para la soberanía económica. Una idea que se alinea con la visión de Trump de convertir a EE.UU. en una superpotencia de bitcoin.
