El PSOE y Sumar se han enfrentado en el seno del gobierno español por dos motivos laborales: la reducción de la jornada y la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI) por IRPF. En ambos casos, la razón la tiene el PSOE. Considerémoslos uno a uno.
Primero, la reducción de la jornada laboral. En principio, ésta es posible -sin pérdida de poder adquisitivo- en la medida en que aumente la productividad. El primer problema es que en España la productividad no ha aumentado significativamente en los últimos 30 años; por lo tanto, no hay margen. El segundo problema es que, aunque hubiera aumentado, es cuestión de poco tiempo que el envejecimiento de la población haga imposible la financiación de las pensiones. En estas circunstancias, lo imperativo es trabajar más, no menos.
Lo mejor: que la reducción de jornada naufrague y se suba el SMI en la proporción equivalente
Pasemos a la tributación del salario mínimo. Antes de entrar en materia, resulta oportuno poner de manifiesto que la principal causa de la baja productividad española radica en su adicción a sectores productivos que se basan en una fuerza laboral poco formada y poco pagada, desde el turismo a las industrias cárnicas. Es el crecimiento de estos sectores el que está creando la falsa impresión de que, de nuevo, “España va bien”, pero es evidente que esta dinámica también acabará mal; esta vez porque la masiva incorporación de inmigrantes que a lo largo de su vida tienen una aportación fiscal negativa agrava el problema de la financiación del estado del bienestar. El batacazo tardará más tiempo, pero será peor.
El único remedio para subsanar esta dinámica es aumentar el SMI hasta que frene la creación de puestos de trabajo con contribución fiscal negativa (que, de hecho, son puestos de trabajo subvencionados por el conjunto de la sociedad). La frontera está aproximadamente en los 22.000 euros. En los últimos años el SMI ha subido mucho (más de un 30% en poder adquisitivo desde 2018), por lo que sus beneficiarios han dejado de ser un colectivo marginal para pasar a convertirse en una parte significativa del conjunto de trabajadores, pero no ha impactado en la creación de puestos poco cualificados. Se trata, pues, de que aumente aún más, lo que implica que debe afectar a un colectivo aún mayor de trabajadores. Así pues, a la corta o a la larga es inviable que los receptores estén exentos de tributar por IRPF. La ministra de Trabajo tiene razón cuando dice que “la justicia fiscal comienza por arriba”, pero hay que recordarle que termina por abajo, ya que el precepto de que todos deben contribuir de acuerdo con sus posibilidades aplica a todos los ciudadanos sin excepción.
Lo mejor que podría ocurrir es lo siguiente: que la reducción de la jornada naufrague en el Congreso de los Diputados y que los miembros del gobierno firmen la paz con un compromiso: aumentando el SMI en la proporción equivalente a la reducción de la jornada -un 6,25% adicional, hasta los 17.612 euros-, y que tribute. El interés público saldría ganando.
