El caos y la arbitrariedad se han instalado en la Casa Blanca, generando incertidumbre entre los 2,3 millones de empleados federales de la Administración de Estados Unidos.
El sábado, recibieron un correo de la Oficina de Gestión de Personal (OPM), bajo la indicación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk, titulado: “¿Qué hiciste la semana pasada?”. En él, se les pedía que respondieran con una lista de cinco puntos explicando qué habían “logrado” en los últimos siete días, y la fecha límite para contestar era el lunes a las 23:59 horas (las 5:59h en la España peninsular).
Musk publicó en X que la falta de respuesta se interpretaría como una renuncia, pero los directores de múltiples agencias y departamentos federales le contradijeron, pidiendo a sus empleados que no contestaran, bajo el riesgo de que se filtrara información confidencial y con el argumento de que tan solo deben responder a sus superiores, y no a la OPM o el DOGE.
La OPM aclaró el lunes que responder era “voluntario” y, por tanto, no hacerlo no equivalía a una dimisión. Pero, preguntado en el despacho oval antes de su reunión con Emmanuel Macron, el presidente Donald Trump incidió en que aquellos que no contestaran iban a ser “semi-despedidos” o “despedidos”, aumentando la confusión. Después, Musk publicó en X un segundo ultimátum: “A discreción del presidente, se les dará otra oportunidad. La falta de respuesta por segunda vez resultará en la terminación de sus contratos”. Sin embargo, los funcionarios no han recibido todavía un segundo correo, y no queda claro si deben responder al primero.
El propietario de X y consejero delegado de Tesla y SpaceX quiere replicar los métodos que ha aplicado en sus empresas para reducir drásticamente la plantilla federal. Sin embargo, los procesos en la Administración son muy distintos, no solo porque los funcionarios tienen mayores protecciones laborales, también porque él no es el CEO de Estados Unidos, ni el presidente, ni el director de las agencias cuyos empleados han recibido el correo: carece de toda autoridad para intimidar de esta forma a la fuerza de trabajo federal, saltándose cualquier procedimiento legal.
El enfrentamiento público entre Musk y varios miembros del gabinete de Trump, que indicaron a sus empleados que no debían responder, es la mayor disputa hasta el momento entre el millonario con estatus de “empleado especial del gobierno” y cargos elegidos por Trump y confirmados por el Senado, como el nuevo director del FBI, Kash Patel, uno de los primeros en decir a los funcionarios que deben “pausar cualquier respuesta”, alegando que “el FBI, a través de la Oficina del Director, está a cargo de todos los procesos de supervisión”.
A lo largo del lunes, al menos siete agencias y departamentos enviaron mensajes similares, incluido el departamento de Estado, el de Defensa y el de Agricultura, la NASA o la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras.
Brittany Holder, portavoz del sindicato de funcionarios
“Impugnaremos cualquier medida disciplinaria, despido o represalia ilegal contra empleados federales en todo el país”
Legisladores y sindicatos que representan a empleados federales criticaron duramente las acciones de Musk y la inseguridad jurídica y laboral que están creando. “Elon Musk está traumatizando a los trabajadores federales, a sus hijos y a sus familias”, denunció el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, el demócrata Hakeem Jeffries. “No tiene autoridad legal para hacer sus últimas demandas. Le bloquearemos en el Congreso y en los tribunales. Otra vez”.
Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, un sindicato que representa a 800.000 trabajadores federales, condenó el “tratamiento caótico e insensible de los empleados federales”, calificando el correo a los empleados como un “intento cínico” de asustar a los trabajadores para que renuncien. “Si nos tomáramos el tiempo de comentar todas y cada una de las cosas ridículas que tuitea Elon Musk, nunca acabaríamos el trabajo”, dijo la portavoz del sindicato, Brittany Holder, tras el segundo ultimátum. “Nuestra postura seguirá siendo la misma. Impugnaremos cualquier medida disciplinaria, despido o represalia ilegal contra nuestros miembros y empleados federales en todo el país”.
Este es tan solo el último episodio de la guerra que está librando el DOGE contra la administración federal, sus programas y trabajadores. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), principal donante de ayuda humanitaria en el mundo, fue la primera víctima de sus intentos de desmantelar la administración, pero los despidos masivos se han ampliado a múltiples agencias.
Otra de sus primeras medidas fue enviar un correo a los funcionarios ofreciéndoles ocho meses de sueldo a cambio de sus renuncias, bajo la amenaza de ser despedidos si no se acogían al plan de bajas incentivadas. Como este último correo, también generó una gran incertidumbre: el plan fue frenado inicialmente en los tribunales, pero el juez permitió después que se llevara a cabo porque los demandantes no iban a verse directamente afectados. Finalmente, unos 75.000 empleados aceptaron la oferta, con el temor de ser despedidos si la rechazaban. Además, la administración ya ha despedido a miles de trabajadores de la agencia tributaria (IRS), entre otras agencias, comenzando por los que se encuentran en periodo de prueba y por tanto gozan de menores protecciones laborales.
Musk justifica sus acciones, además de por la necesidad de reducir gasto público, por la existencia de un supuesto “fraude” del que no está aportando pruebas. En paralelo, alimenta la extendida idea de que los funcionarios no trabajan y serían más productivos en el sector privado, mientras alega que la burocracia se ha convertido en “la cuarta rama, no electa e inconstitucional, del poder federal”, afirmó en su primera intervención desde el despacho oval a principios de mes. Lo que ignora es que él tampoco ha sido elegido y ha evitado el trámite de ser confirmado por el Senado, algo que sí deben hacer los miembros formales del gabinete.
“Un número significativo de personas que se supone que trabajan para el Gobierno están haciendo tan poco trabajo que no revisan su correo en absoluto. En algunos casos, creemos que se están utilizando personas inexistentes o las identidades de personas fallecidas para cobrar cheques de pago. En otras palabras, se trata de un fraude absoluto”, afirmó Musk en X para justificar el correo intimidatorio a los funcionarios. “La solicitud por correo fue completamente trivial, ya que el estándar para pasar la prueba era escribir algunas palabras y presionar enviar. Sin embargo, muchos fracasaron incluso en esa prueba absurda, apremiados en algunos casos por sus directivos. ¿Alguna vez has sido testigo de tanta incompetencia y desprecio por cómo se gastan tus impuestos?”, se preguntó en otra publicación, insistiendo en sus ataques a los empleados federales y obviando que la mayoría no han respondido por indicación de sus jefes, a quienes verdaderamente deben rendir cuentas.
