Después de los últimos acuerdos en materia de vivienda alcanzados entre el Govern y los Comuns, entre los que figuran la construcción de 1.200 viviendas sociales este año, la subida de la tasa turística y del impuesto de transmisiones patrimoniales a los grandes tenedores, la líder de la formación ecosocialista, Jéssica Albiach, avisó de que el próximo acuerdo con el Ejecutivo de Salvador Illa tendría que tener el objetivo de mantener la protección social de 36.000 viviendas que en los próximos años perderán esta condición y podrán ser vendidas a precio de mercado. Los Comuns iniciarán esta semana las negociaciones para ello con la mirada puesta en los casi 8.000 viviendas que se verán afectadas este año y advirtiendo de que los futuros decretos del Govern dependerá de los avances que se logren.
El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha informado de que la responsable de vivienda de su grupo, Susana Segovia, liderará las negociaciones con la conselleria de Territori que dirige Sílvia Paneque para tratar de evitar que estas viviendas, la mayoría situadas en zonas tensionadas, pierdan su condición de protección oficial, tal y como figura en el pliego de condiciones y escrituras de estas viviendas, y que la intención es poner sobre la mesa una solución que vincule el carácter protegido a la declaración de zona tensionada.
La fórmula legal que plantean los Comuns es “vincular la permanencia de la situación de vivienda protegida a la definición de zona tensionada”, puesto que la mayoría de las 36.000 que perderán la protección oficial en cinco años están en estas zonas. De esta forma, estas viviendas solo se podrán vender o alquilar al precio protegido marcado por la normativa.
Unas 36.000 viviendas perderán esta condición en los próximos años y podrán ser vendidas a precio de mercado
“¿Qué sentido tiene que construyamos por un lado 50.000 viviendas, cuando prácticamente perderemos lo mismo que vamos a construir en 6 años?”, ha cuestionado Cid.
Sin embargo, la propia consellera Paneque ya avisó en rueda de prensa de la práctica inviabilidad de la idea que plantean los Comuns. “Actuar con efectos retroactivos es muy complejo, difícil, porque podría generar algunas indemnizaciones difíciles de afrontar”, señaló la consellera, si bien “no quiere decir que no lo estemos estudiando”, aseguró.
En todo caso, el Govern se vanagloriaba por haber aprendido del error que supone que la vivienda de protección social se hiciera años atrás “con fecha de caducidad”. “Hemos aprendido de los errores y nunca más dedicaremos dinero para vivienda pública que al cabo de unos años dejen de serlo”, constató Paneque. De esta forma, el parque de vivienda pública que ha proyectado construir el Govern gozará de la protección social a perpetuidad.
El Govern avisa de que el carácter retroactivo puede generar reclamaciones millonarias
De esta forma, las posiciones de Govern y Comuns al respecto están aún alejadas y, aunque Cid ha rechazado fijar plazos para llegar a un acuerdo, ha pedido que no se eternice demasiado, puesto que el apoyo de su grupo a las próximas iniciativas del Govern dependerá de los “avances” al respecto. “El Govern sabe que nos necesitará. Estos días habrá nuevos decretos que quiere el Govern convalidar en el Parlament y, por tanto, espero que esta negociación sirva para que podamos avanzar”, ha reclamado.
Entre las Preguntado por si es el momento que el Govern apruebe el suplemento de crédito a las cuentas de la Generalitat tras descartar aprobar los Presupuestos, ha dicho que no les corresponde a su partido marcar los tempos, pero que independientemente de esta medida, ”el acuerdo de investidura ha de avanzar».
Uno de estos decretos será el del suplemento de crédito de 4.400 millones de euros que el Govern quiere acordar con los socios de investidura después de no poder aprobar los presupuestos de este año. Para ello, los Comuns recuerdan que aún tienen “carpetas encima de la mesa” aún por desbloquear, también en vivienda, como la puesta en marcha del cuerpo de inspectores para hacer cumplir el régimen sancionador en los precios de los alquileres, pero también en sanidad.
