La expulsión de inmigrantes como receta para solucionar el fenómeno migratorio, cada vez más en boca de los discursos de la ultraderecha, es una quimera. España, al igual que el resto de socios de la Unión Europea, lleva tiempo haciendo todo tipo de esfuerzos para aumentar el número de retornos de ciudadanos con órdenes de expulsión, pero los índices son mínimos. Por mucha voluntad que ponga el Gobierno en agilizar deportaciones, estas dependen, en última instancia, de los países de origen, que ponen trabas a la hora de cooperar. Algunos (Gambia, Mauritania, Marruecos), colaboran más que otros (Senegal, Mali). Son países en los que las remesas –las ganancias que envían los emigrantes a su familiares que se quedaron en su tierra– suponen hasta un 10% del producto interior bruto (PIB). Y explicar ante sus ciudadanos que se está colaborando con otros estados para fletar vuelos con los que traer de vuelta a compatriotas que están solventando los gastos básicos de muchas familias es una tarea muy compleja. De ahí, que los –pocos– vuelos de devoluciones que el Ministerio del Interior logra completar se hagan con total oscurantismo.
Uno de los aspectos más controvertidos del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para delegar a la Generalitat las competencias estatales en inmigración es, precisamente, la expulsión de inmigrantes. Sobre el papel puede tener un enorme valor simbólico en un momento en el que los de Carles Puigdemont rivalizan con Aliança Catalana en el terreno electoral, pero, a la práctica, esta delegación será –casi– nula puesto que las repatriaciones seguirán como hasta ahora: ni dependerán del Gobierno, ni de la Generalitat, sino de los países de origen. Según fuentes policiales, en el 2024 –año en el que se registraron 63.970 entradas irregulares, que no suponen ni un 5% de toda la inmigración que llega a España–, Interior expulsó a 3.031 personas. En el 2023 fueron 3.090. Unos números que evidencian la dificultad para hacer esta fórmula, tan invocada por la extrema derecha, efectiva.
Hay muy pocos vuelos de retorno autorizados
Los que se consiguen completar se realizan con total discreción
El pacto recoge que la Generalitat instruirá y ejecutará retornos que no requieren expediente de devolución. Las famosas devoluciones en caliente, recogidas en la ley mordaza y avaladas por el Tribunal Constitucional. Las aperturas de estos expedientes son prácticamente inexistentes en Catalunya, a diferencia de los que se suelen abrir cada día en Canarias, Andalucía o Baleares, con la llegada de pateras o cayucos a sus costas, o en Ceuta y Melilla, con los saltos a las vallas fronterizas. Una medida que no se podría aplicar ni a los solicitantes de asilo —que no se mencionan en el texto— ni a las mujeres, ni menores de edad. Actualmente, los migrantes que solicitan protección internacional son el verdadero cuello de botella de la administración, que no está resolviendo las solicitudes con agilidad.
Por otro lado, las expulsiones que requieran expediente –personas en situación irregular o delincuentes– se resolverán y ejecutarán a partir de la propuesta de expulsión formulada por la Generalitat, previa valoración de los criterios orientativos que establezca la Junta de Seguridad de Catalunya. Es decir, la gestión que hasta ahora recaía en la Policía Nacional pasará, en este caso, a manos de Mossos d’Esquadra. Pero la última palabra, en ningún caso, estará en manos de la Generalitat, que no cuenta con acuerdos con los países de origen para fletar aviones con inmigrantes. Tampoco la policía autonómica dispone de lazos sólidos con cuerpos internacionales para llevar a cabo estas delicadas operaciones. En caso de que los Mossos completasen la gestión que estaría en sus manos no habría, finalmente, otra que pasar por la ventanilla del Ministerio del Interior, la Policía Nacional o la Guardia Civil para pedir colaboración a terceros.
Varios supuestos
Viaje de Senegal a Mauritania para entender el galimatías de las devoluciones
Varios supuestos prácticos pueden hacer entender el galimatías de las expulsiones. Un senegalés, entre los miles que llevan desbordando la ruta canaria desde hace casi dos años, que llega en cayuco al archipiélago es documentado con su NIE por la Policía Nacional, pero, en un plazo máximo de 72 horas, es puesto en libertad con una orden de expulsión bajo su brazo. No ha cometido ningún delito, solo una falta administrativa, por lo que cuenta con libertad de movimiento por todo el territorio. Canarias no suele ser el destino final de la ruta. Si ese inmigrante es cazado meses más tarde en Catalunya sin papeles, vuelve a regir el mismo plazo. Si en 72 horas un juez no acuerda su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros (CIE) –en el que podrá permanecer un máximo de 60 días antes de que se lleve a cabo su devolución o expulsión–, es de nuevo puesto en libertad. Si en esos plazos Interior logra fletar un vuelo rumbo a Dakar, el senegalés con su orden de expulsión podría ser devuelto. Algo que sucede a cuentagotas. Y siempre con enorme secretismo.
En el 2006, en plena crisis de los cayucos, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció –en nada más y nada menos que un debate sobre el estado de la nación en el Congreso de los Diputados– que España había acordado con las autoridades de Dakar la devolución de 623 irregulares. Cuando en el país africano se empezó a conocer que vuelos nocturnos estaban devolviendo a senegaleses a su país, en las calles de la capital se vivió una oleada de protestas sociales sin precedentes. Tal fue el descontento que el presidente senegalés rompió el compromiso alcanzado con Zapatero. Una lección que sirvió para llevar a cabo estas deportaciones con el mayor de los sigilos. El fuerte rechazo popular que levanta esta medida en Senegal es extrapolable a Marruecos, Argelia, Gambia, Mali, Mauritania… De hecho, Interior oculta las nacionalidades de los migrantes que son devueltos.
Durante la crisis de los cayucos de 2006
Zapatero anunció un pacto de devolución con Senegal: las calles de Dakar ardieron
Mauritania, adonde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó hasta en dos ocasiones el pasado año para tratar de taponar la sangría de cayucos que salen desde sus costas hacia Canarias, es uno de los países que actualmente más vuelos de repatriados está aceptando. Incluso de inmigrantes de terceros países. Los desembolsos en ayudas al desarrollo –también procedentes de fondos europeos– explican, según fuentes gubernamentales, la buena predisposición actual de las autoridades de Nuakchot. Sin embargo, no al ritmo que gustaría en la Moncloa, donde sí creen que las devoluciones son “una buena medida disuasoria”, pese a que verbalizarlo en público sean palabras mayores.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el presidente de Mauritania, Mohamed Uld Ghazuani (d), durante una reunión en el palacio presidencial, a 27 de agosto
Otro último caso: la semana pasada, se conoció que un peluquero de nacionalidad marroquí que trabajaba en Mataró (Barcelona) fue expulsado porque sus discursos salafistas eran contrarios a la seguridad nacional. A finales del 2019, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras le incoó un proceso sancionador, derivado de una denuncia de la Guardia Civil. Finalmente, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, firmó su expulsión.
De salir adelante la proposición de ley registrada ayer en el Congreso, los Mossos d’Esquadra podrán proponer al número dos de Marlaska expulsiones invocando al artículo 54 de la ley de Extranjería que las permite en caso de actividades contra la seguridad nacional. Y, aquí, volverá a ser el Gobierno quien tenga la penúltima palabra. La última seguirá en manos del país de origen que acepte admitirle de nuevo en su territorio.
Otro de los supuestos en los que los Mossos d’Esquadra podrán gestionar la expulsión es en aquellos en los que no existe previamente resolución judicial, pero aprecian que debería llevarse a cabo. La vía administrativa permite la expulsión de inmigrantes con los papeles en regla, pero que han cometido algún delito. Siempre y cuando la pena de prisión sea superior a un año y exista condena firme, los Mossos podrían –como hace ahora la Policía Nacional– incoar un expediente de expulsión, que acabaría en manos de la Delegación del Gobierno en Catalunya, que sería, en último término, quien acabaría aplicando la decisión de deportar o no al detenido.
