El Gobierno mueve ficha en el conflicto de la distribución de bombonas de butano que mantienen las empresas de esta modalidad de energía. El Boletín Oficial del Estado plasma este jueves una reforma de la fórmula que se utiliza para definir el precio que pagan los consumidores por bombona, según ha adelantado La Vanguardia, y que ahora aumenta el cobro para las empresas. El cálculo tiene en cuenta distintas variables y se actualiza cada dos meses.
Es la respuesta a una demanda de las empresas distribuidoras, que incluso habían amenazado con una huelga de reparto si no se modificaban las condiciones de prestación del servicio, congeladas desde el 2016. El impacto de la crisis energética en sus costes sin revisión de esta remuneración ha llevado a muchas de ellas al cierre y a su patronal, la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (Fedglp), a amenazar con una suspensión total del reparto, para demandar la viabilidad de su negocio.
La normativa responde parcialmente a las demandas de Fedglp. Se incrementa un 8% la cuantía que recibirán las empresas por cada bombona repartida, hasta 1,37 euros, frente a los 1,80 que el sector consideraba necesario para garantizar su subsistencia.
El impacto sobre el precio final que los usuarios pagarán por esta revisión estará acotado. En la última revisión del 21 de enero, se fijó en 16,64 euros. Además, la actualización de los costes de comercialización se repercutirá de forma progresiva en los consumidores, con un máximo de 20 céntimos por bombona por revisión bimestral, al tiempo que se mantendrá un tope en el alza del 5%.
Además, la nueva normativa mantiene las bases existentes: el precio máximo de venta de la bombona se seguirá revisando cada dos meses, aplicando una fórmula que considera elementos variables, como la cotización de la materia prima, el coste de los fletes y el tipo de cambio euro-dólar.
El contexto de escalada de precios energéticos derivados de la guerra en Ucrania ha tenido un especial impacto en los ingresos de los distribuidores de bombonas debido a que su remuneración está acotada por ley y regula lo que operadores como Repsol o Cepsa, propietarios del gas, abonan a las empresas. Históricamente, los operadores y distribuidores se han repartido los costes de comercialización, pero es un acuerdo negociado entre compañías.
La actualización de esta normativa también contempla otros elementos reclamados por el sector y que benefician directamente a los distribuidores, como un aumento de 48 a 72 horas del plazo máximo de entrega de las bombonas, que permitiría reducir costes en ámbitos rurales dispersos, o el adelanto de julio a mayo de la revisión de los costes de comercialización del año anterior para que se puedan actualizar cuanto antes.
Para garantizar que no vuelva a producirse una pérdida de rentabilidad para el sector, se plantea que la CNMC revise la fórmula de cálculo del precio, empezando en el 2026.
