Antes de que se pusiera de moda la llamada “educación amable”, y de que hubiera que criar a los hijos a base de empatía y conexión, evitando a cualquier precio decir la palabra no , los padres chapados a la antigua castigaban a sus retoños díscolos privándoles de las cosas que más les gustaban, ya fuera salir con los amigos, jugar en la calle o dinero para ir al cine, comprar cromos, chocolatinas, tebeos o el último disco. No era necesario encerrarlos en casa, y mucho menos en el armario.
Las autoridades británicas se disponen ahora a aplicar ese mismo principio a los delincuentes, en vista de que las 141 prisiones que hay en el país están llenas a rebosar con 86.000 reos, los jueces no dan abasto y los casos se pasan años en lista de espera para desesperación de víctimas y criminales por igual. ¿Alternativa? Menos cárcel (los críticos del sistema penitenciario dicen, exagerando, que hay balnearios de adelgazamiento con medidas disciplinarias más severas), y castigos allí donde duele.
Las 141 prisiones del Reino Unido están a rebosar, con 86.000 reos y una cola de 72.000 casos en el sistema judicial
Una comisión independiente encargada de considerar la cuestión ha presentado sus polémicas recomendaciones al Gobierno, entre las que figura cambiar condenas de cárcel por prohibiciones de ir al pub, a partidos de fútbol, y otros acontecimientos deportivos y sociales. Al fin y al cabo, en las prisiones no cabe un alfiler, y muchos están en ellas por delitos no violentos, aunque sean una putada (los financieros están cada vez más de moda). Ya se sabe que, en todas partes, el Estado es más condescendiente con los crímenes entre particulares, como por ejemplo las violaciones, que con el desafío a su autoridad, ya sea evadir impuestos, atarse a puentes para denunciar el cambio climático, o pedir la independencia.
En el sistema judicial británico hay un atasco de 73.000 casos cuyos expedientes crían polvo. La comisión que ha examinado el problema ha llegado a la conclusión de que cada vez más gente es enviada a la cárcel simplemente como castigo (los votantes exigen mano dura), sin ningún plan para recuperarlos como elementos positivos de la sociedad. Pero la solución que propone –que no puedan tener el placer de tomarse una pinta de cerveza en el pub favorito o ir a los partidos de su equipo de fútbol– no es del agrado de todo el mundo, y a algunos les parece demasiado blanda, el equivalente de la “educación amable” que está tan de moda.
Un elemento aún más polémico de las recomendaciones es que los jueces, a la hora de dictar sentencia, tengan en cuenta el perfil sociológico y étnico de los delincuentes, y eviten meter entre rejas por delitos menores a los miembros de las comunidades asiática y afrocaribeña, a los transexuales y a las mujeres de entre 18 y 25 años, embarazadas, con hijos lactantes o que tengan a personas bajo su dependencia. El responsable de justicia del Partido Conservador, Robert Jenrick, ha denunciado la propuesta como “un doble rasero, con uno más severo para los hombres heterosexuales cristianos blancos, y otro más suave para el resto”. Incluso el Gobierno ve el plan como demasiado woke , sobre todo en los tiempos que corren, con el trumpismo desencadenado y campando a sus anchas.
El trasfondo del asunto es que está estadísticamente demostrado que los miembros de minorías reciben sentencias más severas que los blancos y se hallan sobrerrepresentados en el sistema penitenciario del Reino Unido, por prejuicio de los jueces (y de la sociedad en general) y por carecer de recursos para pagarse buenos abogados. La ultraderecha se queja de que sus activistas, cuando perturban el orden público, son castigados con más contundencia que los propalestinos, por ejemplo. Aunque el autentico escándalo son los medioambientalistas condenados a penas de hasta varios años de prisión por bloquear puentes y carreteras.
En el Reino Unido, 84 de cada mil ciudadanos son delincuentes, y la población penitenciaria se estima que llegará a 105.000 reos en el 2029. La criminalidad cuesta a la economía 300.000 millones de euros al año y un 6,5% del PIB (llevarse cosas de las tiendas sin pagar se ha convertido en una epidemia), todo ello en un contexto en que el Estado quiere gastar más en defensa, y menos en construir prisiones o reclutar más policías y jueces. Al mismo tiempo, quince millones van al pub al menos una vez por semana, y cincuenta y cinco millones compran una entrada de fútbol al año.
A alguien se le ha encendido una bombilla: ¿Y si la solución fuera menos cárcel, pero también menos partidos y menos cervezas?
