“Ups… Demasiado tarde”, tuiteó el presidente Nayib Bukele el domingo, junto a un emoticono de una cara risueña, burlándose de la orden de un juez federal de que la Casa Blanca diera marcha atrás en la deportación de unos 250 inmigrantes venezolanos a El Salvador. Los expulsados de Estados Unidos, mediante el uso de una oscura ley del siglo XVIII prevista para contextos de guerra, ya se dirigían al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el gigante centro penitenciario de máxima seguridad que inauguró Bukele en el 2023 en el distrito de Tecoluca, destinado a encerrar a las maras del país centroamericano.
Ahora esa prisión, que recibe la publicidad oficial de ser “la más grande de América” y las denuncias de organizaciones de derechos humanos por “malos tratos” y “violaciones del derecho a la integridad física”, acogerá a aquellos inmigrantes que la Administración de Donald Trump considere pandilleros del Tren de Aragua y miembros de otras bandas criminales, como la MS-13.
El presidente de EE.UU. agradeció a Bukele su colaboración en su plan de deportaciones masivas, una ayuda que costará a los contribuyentes estadounidenses unos 6 millones de dólares al año para los 250 ya encarcelados en el CECOT. “Estos son los monstruos enviados a nuestro país por el corrupto Joe Biden y los demócratas de la izquierda radical ¡Cómo se atreven!”, dijo Trump a través de Truth Social. “Gracias a El Salvador y, en particular, al presidente Bukele, por su comprensión ante esta horrible situación, que se permitió que ocurriera en Estados Unidos debido al liderazgo incompetente de los demócratas. ¡No lo olvidaremos!”
La Administración Trump no ha explicado cómo logró confirmar que los expulsados son miembros de las pandillas venezolanas. El secretario de Estado, Marco Rubio, se sumó a los agradecimientos a Bukele por ofrecerse a internar a los “criminales violentos” en “sus muy buenas cárceles a un precio justo”, que “ahorrará dólares” a los estadounidenses. Según el acuerdo entre ambos países, el costo por preso es de aproximadamente 20.000 dólares. Un documento del departamento de Estado sugiere que también se podrían reservar otros 15 millones de dólares para enviar a más identificados como pandilleros.
Los primeros 250 fueron deportados sin antes pasar por un juez, según lo previsto por la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que permite la expulsión sumaria, sin el debido proceso, de aquellos ciudadanos extranjeros que hayan participado en una “invasión” o “incursión depredadora”. El juez federal James Boasberg aseguró que Trump se extralimitó en sus funciones al aplicar la ancestral ley y que causó un “daño irreparable” a los afectados, por lo que ordenó el regreso de los deportados y bloqueó su uso en el futuro. La Casa Blanca desobedeció y ha desafiado la orden al asegurar que el juez no tiene potestad para bloquear la medida.
Anoche, en una audiencia judicial en Washington, el magistrado insistió al abogado del departamento de Justicia en que revelara la hora exacta en la que despegaron los vuelos, lo que indicará si se ha desobedecido no solo la orden de hacer regresar a los vuelos, también la que bloquea el uso de esa ley para deportar. El abogado, Abhishek Kambli, se ha negado a dar detalles, por lo que el juez ha ordenado que dé esa información este mediodía. Si la Casa Blanca vuelve a desobedecer al poder judicial, como todo indica que hará, la crisis constitucional estará servida.
Venezuela denuncia que el traslado al CECOT “criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana”
El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela rechazó de forma “categórica y contundente” el traslado de ciudadanos venezolanos al CECOT, pues “criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana, en un acto que evoca los episodios más oscuros de la historia de la Humanidad”, y tachó de “anacrónica” la ley de Enemigos Extranjeros.
El envío de inmigrantes a El Salvador se pactó durante la primera gira diplomática del secretario de Estado, Rubio, poco después de asumir el cargo, en febrero. Entonces, Rubio consideró “extraordinaria” la propuesta de Bukele y dijo que “si es legal, lo haría sin duda”. El líder salvadoreño ofreció sus cárceles para acoger no solo a inmigrantes con estatus legal en EE.UU., también a ciudadanos estadounidenses, aunque la deportación de nacionales no es legal en el país.
Pero las conversaciones comenzaron antes, al menos, en la llamada que mantuvieron Trump y Bukele el 23 de enero, tres días después de su investidura, cuando el salvadoreño le ofreció fórmulas de cooperación “para detener la inmigración ilegal” y planteó “medidas enérgicas contra las pandillas transnacionales como el Tren de Aragua”, según el comunicado de El Salvador. En otro comunicado, Trump elogió “el liderazgo” del político en la región y dijo que sirve de “ejemplo para otras naciones del Hemisferio Occidental”.
Bukele fue uno de los pocos mandatarios internacionales invitados a la ceremonia de investidura de Trump, aunque finalmente no asistió al acto, como sí hizo otro de los grandes aliados de Trump en latinoamérica, el presidente argentino Javier Milei. Bukele encuentra en Trump un líder legitimador de sus detenciones a gran escala y su mano dura, en muchas ocasiones sin el debido proceso, que han contribuido a frenar la escalada de violencia en El Salvador.
Percibe un cambio radical en comparación con la Administración Biden, que en el 2021 criticó con dureza la decisión de la Corte Suprema de El Salvador de aprobar la reelección del presidente, cuando la Constitución prohibía expresamente –en seis artículos distintos– que Bukele se postulara para un segundo mandato consecutivo. La Asamblea salvadoreña, controlada por el partido de Bukele, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, sustituyéndolos por figuras cercanas al oficialismo, lo que le posibilitó la reinterpretación favorable de la Constitución.
En este sentido, Trump puede ver en Bukele un ejemplo en sus ataques a la separación de poderes, que cada vez son más evidentes en la nueva Casa Blanca, y explícitos con los ataques vertidos por Trump sobre la independencia del poder judicial en su polémica comparecencia el viernes pasado desde el departamento de Justicia, cuya sede ya preside el retrato presidencial del republicano.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que presentó la demanda contra el uso de la ley de Enemigos Extranjeros para la deportación exprés de venezolanos a El Salvador, emitió un comunicado pidiendo al juez Boasberg que se asegure de que el Gobierno cumple con su autoridad y defiende la separación de poderes, principio fundamental de la democracia estadounidense.
Bukele es uno de los miembros más prolíficos y populares de la internacionalización del movimiento Make America Great Again. En febrero del 2024, participó por primera vez en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se celebra anualmente en las afueras de Washington, y fue recibido con gran entusiasmo entre los asistentes latinoamericanos, que en declaraciones a La Vanguardia lo definieron como “el mejor presidente de la historia”. La población latinoamericana, en especial los hombres, terminó siendo esencial en la victoria de Trump en las elecciones de noviembre.
