El presidente estadounidense, Donald Trump, vuelve a topar con la Justicia a la hora de imponer su agenda política.
Este martes, en el mismo día en el que un tribunal federal puso en duda la constitucionalidad del desmantelamiento de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional, una juez bloqueó temporalmente la aplicación de la orden ejecutiva que prohíbe a las personas transgénero servir en el ejército.
En su fallo, la magistrada Ana C. Reyes –nombrada por Joe Biden– argumenta que la orden que Trump firmó el pasado 27 de enero probablemente viola los derechos garantizados por la Constitución, y por eso considera que hay que dejarla en suspenso mientras avance la demanda presentada por un grupo de personas afectadas por la medida. “La cruel ironía es que miles de miembros transgénero del servicio [militar] se han sacrificado –algunos arriesgando sus vidas– para garantizar a otros los mismos derechos de igualdad de protección que la prohibición militar busca negarles”, afirma Reyes en su escrito.
Para Trump, la identidad de los soldados trans “entra en conflicto” con “un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado”
Según fuentes del Departamento de Defensa, alrededor de 4.200 militares estadounidenses en activo son transgénero. Esta cifra –discutida por algunas organizaciones LGTBI, que hablan de 15.000 soldados– representa apenas el 0,2% del personal de ejército, pero, a pesar de eso, la Casa Blanca decidió iniciar una cruzada en su contra.
En el decreto que exigía la exclusión del colectivo, Trump aseguró que “la adopción de una identidad de género inconsistente con el sexo de un individuo entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal”. En respuesta a esa orden presidencial, el pasado 11 de febrero el ejército anunció que ya no aceptaría el reclutamiento de personas trans, y que dejaría de facilitar procedimientos asociados con la transición de género a los militares en activo. Unos días después, el Pentágono comunicó que empezaría a expulsar a los miembros transgénero del servicio, si bien hasta ahora no se han registrado despidos.
En su primer mandato, Trump ya impulsó una medida similar, pero los tribunales federales se lo impidieron
Los demandantes argumentan que la orden ejecutiva de Trump es ilegal, señalando un fallo de la Corte Suprema de EE.UU. del 2020 que determinó que la discriminación laboral contra personas trans es una forma de discriminación sexual que vulnera la ley. Por su parte, los abogados del Gobierno defienden que el ejército tiene derecho a excluir a personas que presentan ciertas condiciones que las hacen no aptas para el servicio.
No es la primera vez que EE.UU. se abre una batalla legal en torno a este asunto. En el 2017, al comienzo de su primer mandato, Trump ya intentó prohibir a las personas transgénero servir en el ejército, pero los tribunales federales se lo impidieron inmediatamente. El bloqueo judicial se mantuvo vigente hasta el 2019, cuando un fallo del Tribunal Supremo permitió que una versión modificada de la prohibición entrara en vigor mientras se decidía su constitucionalidad. Dos años después, el entonces presidente, Joe Biden, revirtió la orden de Trump, dejando sin resolver la cuestión de si la exclusión del colectivo transgénero del servicio militar atentaba contra la Constitución.
