Dos inspectoras de la Agencia Tributaria han ratificado hoy ante la jueza que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cometió un fraude fiscal en dos ejercicios fiscales con el uso de empresas pantallas para similar gastos ficticios y así rebajar la cuota a pagar ante la hacienda pública.
Según fuentes presentes en el interrogatorio, jueza ha interrogado esta mañana a dos inspectoras que elaboraron los informes tributarios que determinaron el presunto fraude fiscal que se atribuye al novio de Ayuso y a otros cuatro investigados.
Los interrogatorios han durado varias horas y en los que las inspectores han ratificado cada uno de los puntos de sus informes, que sirvieron para que la Fiscalía posteriormente interpusiera una denuncia por dos delitos fiscales y otro de falsedad documental.
Por su parte, la defensa ha mostrado sus discrepancias “técnicas” y “fácticas” frente al contenido de los informes. Los abogados de González Amador valoran la presentación de un informe pericial para argumentar esas discrepancias.
Según recogen los informes ahora ratificados, Alberto González Amador en 2020 y 2021 tuvo una fuerte subida en su volumen de negocio y cada vez pagaba menos impuestos. Las inspectoras descubrieron comportamientos “mendaces” con el objeto de “reducir incluso neutralizar íntegramente dicha tributación”.
Esta es la conclusión recogida en los informes, en los que se explica que González Amador no es que se desgravara por conceptos que no le corresponderían, como también hizo, como un Porsche, la entrada de un piso o viajes. Esos gastos si se detectan que no son deducibles se resuelve por la vía administrativa.
En este caso, González Amador fue más allá. Desde que en 2017 registró la sociedad Maxwell Cremona SL ha tejido una red para evitar pagar a Hacienda consistente en operativas distintas. Por un lado, utilizó a empresas pantallas, creadas con el único fon de defraudar, que le realizaron facturas por trabajos no realizados, que así se podía desgravar. Pero eran falsos. Son lo que comúnmente se llaman carruseles de IVA.
Por otro lado, reducía gastos porque según el informe de la AEAT, González Amador no tenía empleados sino que los contrataba como auditores externos. Los servicios que ofrecía era realizar las auditorías de control de aire.
Los inspectores descubrieron que entre los asesores externos que emitieron factura aparece el hermano de González Amador. Al ser preguntado en el marco de la inspección, sostuvo que fue una factura anulada porque nunca se llegó a hacer el trabajo.
El único que estaba en nómina era el propio González Amador como gerente. Y sin embargo, cuanta más facturación tenía la empresa menos sueldo tenía él, que pasó de ser de 100.000 euros a 9.500 euros. La razón es que creó otra empresa instrumental, Masterman, para cobrar de ella.
