La decisión de la Comisión Europea del pasado lunes de considerar ayuda de estado las reclamaciones por arbitrajes de las ayudas a las renovables (por un laudo del fondo Antin Infrastructure Services), y, por tanto, prohibir el pago de 101 millones acordado por la resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), supone para España una inyección de seguridad de cara a los litigios pendientes.
Según ha podido saber La Vanguardia de fuentes gubernamentales, “el total de los 1.347 millones a la espera de resolución corresponden a arbitrajes iniciados por sociedades afincadas en la UE” y, por tanto, les afecta de lleno la decisión de Bruselas de no abonar las posibles indemnizaciones.
El origen del conflicto arranca en el 2013, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy recortó las ayudas a las renovables y, por tanto, la rentabilidad para la inmensa mayoría de las instalaciones en régimen regulado. Un cambio de reglas de juego que desató una lluvia de laudos. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, de los 10.635 millones reclamados al Estado en 51 arbitrajes, principalmente presentados en el Ciadi, España ha ganado reclamaciones por 7.830 millones y ha perdido 1.514 millones, apenas un 7%. El balance se decantaría todavía más cuando los 1.374 restantes pasen a engrosar la primera de las cuantías.
Los fondos afectados anuncian que recurrirán a la justicia europea y califican de “política” la decisión
Sin embargo, este nuevo escenario no significa que la resolución del conflicto esté cerca. “En principio, las resoluciones del Ciadi no son anulables. El problema que se plantea es un conflicto de jurisdicción. La UE lo que dice es que un inversor europeo no puede ir al Ciadi contra un estado, porque eso genera distorsiones. En concreto, las cuantías derivadas de las indemnizaciones de los laudos contra España se refieren a ayudas para invertir en proyectos renovables que, en caso de ser reconocidas, no habrían tenido otros inversores en otros países”, explican fuentes jurídicas.
Estas mismas fuentes reconocen que “el argumento de que estas indemnizaciones son ayudas de Estado ha sido esgrimido en anteriores contenciosos y ha servido para ganarlos”.
Entre quienes han abrazado el argumento de conflicto de jurisdicción están la Cámara de Comercio de Estocolmo y dos tribunales del Ciadi, en cuyos laudos, con razonamientos muy parecidos al enunciado el lunes por la Comisión, señalan que la participación de la UE en el Tratado de la Carta de la Energía, como organización regional de interés económico, introdujo en su ámbito de aplicación la supremacía del Derecho de la UE en el ámbito de las competencias transferidas. A estos argumentos hay que sumar que España defiende que tanto el país como la UE abandonaron el año pasado el Tratado de la Carta de la Energía, que es el que esgrimen los fondos para reclamar los compromisos. Según el Gobierno, la salida se produjo porque “su aplicación impediría cumplir los objetivos ambientales de la UE y lastraría la acción climática de los gobiernos con demandas millonarias para blindar el interés de la industria de combustibles fósiles”.
Ribera remitió una carta a Von der Leyen reconociendo un conflicto de intereses y desvinculándose de la toma de decisiones
Estos argumentos no convencen a los fondos afectados, que ya han anunciado que van a recurrir a la justicia europea. Consideran que Bruselas ha tomado una “decisión política”, y no jurídica, y acusan a la actual vicepresidenta de la Comisión, Teresa Ribera, de presiones. Lo cierto es que el pasado 19 de diciembre Ribera remitió una carta a la presidenta Von der Leyen reconociendo un conflicto de intereses y desvinculándose de la toma de decisiones.
