Cinco meses de la terrible dana que provocó la muerte de 228 personas y sexta manifestación contra el presidente valenciano, Carlos Mazón. De nuevo, multitudinaria: en 25.000 personas cifró la Delegación del Gobierno los participantes en otra marcha en València. Los convocantes han arriesgado con su apuesta por mantener viva la protesta y convocar marchas todos los meses, pero la respuesta de una gran parte de la ciudadanía valenciana les da la razón. La presión social y política –los partidos de izquierda volvieron a dejarse ver– no cesa y la situación de normalidad a la que aspira el mandatario valenciano no acaba de llegar.
La protesta de este sábado en València.
Los manifestantes volvieron a pedir la dimisión del jefe del Consell por su gestión “negligente” de la riada del pasado 29 de octubre. Los gritos de “Mazón, dimisión”, “el president de Picassent” o “asesinos” volvieron a resonar durante todo el recorrido. Exigencias que se combinaron con el aplauso a los familiares de los fallecidos que, una vez más, protagonizaron la marcha.
Convocantes
La nueva manifestación se produce mientras avanza la investigación judicial por las actuaciones en la riada
Varios de ellos, con fotos de las víctimas que perdieron la vida la fatídica tarde noche de octubre, encabezaban la marcha junto a representantes del personal de los servicios de emergencia o de los servicios sociales y sanitarios a los que los organizadores quisieron poner en valor por su labor durante la dana.
Una pancarta de la CGT contra Carlos Mazón.
Una multitudinaria manifestación que se produjo en un momento donde la tensión no se disipa, como se vio el pasado jueves en la visita que el presidente valenciano tuvo que suspender a las fiestas de La Magdalena de Castellón. Y todo mientras la instrucción judicial avanza. Esta semana, la Fiscalía mostraba su apoyo al criterio de la magistrada de Catarroja de acotar la responsabilidad de lo sucedido en los dos ex altos cargos del Consell de Mazón citados a declarar como investigados. El criterio del fiscal, que apoya no imputar ni a la delegada del Gobierno ni a los miembros de las agencias estatales, es que no se puede considerar delito la falta de limpieza o las obras no acometidas en el barranco del Poyo.
Además, esta semana, los testimonios y las historias narradas por los familiares de las víctimas a las puertas de los juzgados –habían sido citados por la jueza instructora– han vuelto a poner en primer plano la pesadilla que muchos vivieron la fatídica tarde-noche del 29 de octubre. Este sábado, los familiares y sus desgarradores relatos, que recordaron a sus muertos, volvieron a ser los protagonistas.
