El grupo Popular lleva al próximo pleno del Parlament una moción que supone una enmienda en profudidad a la acción exterior de la Generalitat en la última década y en la que solicita la comparecencia en la cámara de todos los delegados de Catalunya en el exterior. Los populares quieren que den explicaciones sobre su “gestión, las actividades realizadas y la justificación de su coste e impacto”.
A tenor de este grupo, la red catalana de representación institucional no ha demostrado hasta ahora “ningún impacto tangible ni ninguna justificación objetiva”. En un sistema, se señala, donde existe una desproporción entre el coste de la inversión y los resultados. Según ha explicado esta mañana el portavoz, Juan Fernández, hay delegaciones abiertas que no cuentan con ningún responsable, mientras que hay “delegados nombrados” que no tienen oficina en el exterior.
El Partido Popular es partidario de cerrar todas las oficinas en el exterior, a excepción de la de Bruselas, al entender que además de la “falta de evaluación, control democrático y opacidad en la contratación”, responde a un modelo consolidado “más por razones ideológicas” que por necesidades reales. Juan Fernández ha señalado que el Govern de Salvador Illa está manteniendo la estructura “independentista” creada por Pere Aragonès. Los populares defienden que la estructura en el exterior se ciña a las oficinas comerciales.
La moción del PP se basa en los datos que ha obtenido del Govern de las preguntas escritas realizadas desde el grupo Parlamentario. En este contexto, se señala que en el presupuesto del 2023, la partida destinada a las oficinas en el exterior superaba los 10 millones y medio de euros. En estos momentos, Catalunya cuenta con 21 oficinas en el exterior con una plantilla de unos 100 trabajadores. El PP considera que es necesaria una revisión en profundidad de esta estructura para que se ajuste al interés público.
La moción pone el foco también en el coste de algunas delegaciones que suponen un coste anual de más de 600.000 euros como la de Corea del Sur, que cuenta con 3 trabajadores. Y tacha también de excesivo coste de la representación en Bruselas, que asciende a más de un millón de euros. El Govern de Salvador Illa se comprometió en el pacto con ERC a mantener y ampliar la estructura exterior, y también ha señalado la necesidad de ajustar su eficiencia. De momento, ha procedido al relevo de los representantes en Estados Unidos y los Balcanes.
