Nunca dar un paso atrás, pese a reconocer que se ha cometido una equivocación administrativa, como ha sucedido en esta ocasión. Una vez más se puso este lunes de manifiesto esta estrategia que forma parte de la idiosincrasia de Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos solicitó al Tribunal Supremo que anule la orden un juzgado inferior en la que se obliga al gobierno a traer de vuelta, desde una prisión de El Salvador, a un inmigrante salvadoreño que estaba en EE.UU. con un estatus de protección y que fue deportado el pasado 15 de marzo. La juez de Washington impuso y ratificó la hora límite de las 23.59 horas de ese lunes.
La administración Trump no está dispuesta a cumplir con esa orden, a pesar de que, en una comparecencia de sus fiscales a principios de la semana pasada, reconoció que había cometido un error al deportar a Kilmar Abrego García, residente en Maryland desde el 2011, sin antecedentes penales, casado con una ciudadana estadounidense y padre de un hijo de cinco años.
Durante el primer mandato Trump, Abrego García obtuvo el estatus de protección. Había salido de su país con 16 años huyendo de la amenaza de las bandas criminales. Esa protección se le reconoció después de que se descartara que había formado parte de la banda MS-13, cuestión que se investigó por la declaración de un detenido, sin que se hallará nada en concreto.
Tras esa primera comparecencia, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, indicó que no podían hacer nada por traerlo de vuelta porque ya estaba bajo la jurisdicción de otro país.
Pero la escalada judicial fue a más este ultimo fin de semana. El gobierno insistió en su falta de jurisprudencia ante una nación extrajera, además de insistir sin pruebas de que Abrego García formó parte de aquella banda.
La juez Paula Xinis respondió con la imposición de ese plazo hasta la medianoche de este lunes, en una resolución en la que calificó de “totalmente ilegal” su deportación, “un shock a la conciencia”. Según su resolución, “no existe justificación alguna, ni se demostró que fuera miembro de una banda”.
En su petición de emergencia al Supremo, el procurador general John Sauer subrayó que la juez Xinis se había excedido en su autoridad al involucrar al tribunal en la diplomacia porque su decisión requiere trabajar con el gobierno de El Salvador para garantizar ese regreso.
“Si este precedente se mantiene, otros tribunales de distrito pueden ordenar a Estados Unidos que negocie con éxito el regreso de otros extranjeros expulsados en cualquier parte del mundo mediante acuerdos comerciales estrechos”, razonó. “Bajo esta lógica, los tribunales de distrito dispondrían efectivamente de jurisdicción extraterritorial por encima de la diplomacia de Estados Unidos en su relación con el mundo entero”, añadió.
Para Sauer, carece de importancia que un juez de inmigración previamente prohibiera la deportación de Abrego García a El Salvador. “Aunque el gobierno de EE.UU. reconociera que la expulsión fue un error administrativo, esto no da licencia a un tribunal de distrito a tomar el control de las relaciones exteriores, trate a la rama ejecutiva como una subordinada en la diplomacia y pida que Estados Unidos permita a un miembro de una organización terrorista regrese durante la noche americana”, insistió.
La administración reiteró así en ese pronunciamiento que Abrego García, de 29 años, forma parte de la MS-13, lo que la juez Xinis ya descartó por ser “una acusación singular sin fundamento”.
El caso tiene, además, una víctima colateral. El fiscal Erez Reuveni fue suspendido en su trabajo en el Departamento de Justicia porque el viernes, ante la juez, reconoció que Abrego García “no debería haber sido deportado”.
Reuveni explicó a la magistrada Paula Xinis que, pese a ser el subdirector interino de la división de litigios de inmigración del departamento, no sabía la razón del arresto. “También me siento frustrado porque no tengo respuestas para muchas de esas preguntas”, contestó.
