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Con permiso de la vorágine sobre el comercio mundial, es conveniente detenerse en dos momentos de la política doméstica ocurridos en los últimos días. Una, la entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero en La Vanguardia del pasado domingo y dos, la intervención del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en los Desayunos del Ateneo de Madrid, el lunes. Ambos discursos contienen pistas importantes para saber cómo va a evolucionar el llamado conflicto catalán.
Zapatero, a preguntas de Enric Juliana, se desvelaba por primera vez como el verdadero mediador entre Pedro Sánchez y Puigdemont. Se pueden contar al menos con los dedos de las dos manos las veces que el ex presidente socialista se ha visto con el líder de Junts. Tanto, que asegura haber forjado una relación de confianza, “quizá algo más que una relación de confianza”. “No se debe menospreciar a Puigdemont, ni políticamente ni intelectualmente”, subraya. Está claro que el ex presidente del Gobierno busca halagar a su homólogo en la Generalitat para engrasar unos vínculos que, de vez en cuando, provocan sustos al PSOE en el Congreso. Pero no es solo eso.
Zapatero va más allá de esas negociaciones del día a día, como la última sobre los aranceles. En su opinión, es ahora, en la relativa calma de un gobierno como el de Salvador Illa, cuando hay que abordar la cuestión de fondo del malestar hacia el resto de España de una parte de Catalunya. “Estamos deshaciendo un camino e intentando construir un nuevo camino”, resume el dirigente del PSOE. Puigdemont conoció el contenido de la entrevista por La Vanguardia, pero Zapatero le anunció de antemano que ésta se iba a publicar.
En qué punto se hallan esas conversaciones de fondo es más difícil de averiguar. De hecho, para que salgan a la luz antes se tienen que ir desbrozando otros acuerdos previstos en el pacto de Bruselas entre el PSOE y Junts que permitió la investidura de Sánchez. Por ejemplo, el reconocimiento del catalán en las instituciones europeas que, según fuentes cercanas a la negociación, se podría intentar arrancar antes del verano. Luego vendrán las exigencias de Junts sobre financiación (las de ERC fueron asumidas por Illa para su investidura) y, finalmente, la cuestión del “reconocimiento nacional” de Catalunya.
Si se alcanzan acuerdos en el sentido de “resolver el conflicto histórico”, como reclama Junts”, éstos “deben responder a las demandas mayoritarias del Parlament de Catalunya”, según asumieron ambas partes al inicio de las conversaciones. No es de extrañar, por tanto, que Zapatero hablara de un entendimiento con Junts que podría prolongarse más allá de la presente legislatura, aunque quizá se trate más de un deseo que de una opción real. Lo cierto es que el PP de Alberto Núñez Feijóo, que en algunos momentos parece más proclive a entenderse con Junts, siempre acaba por dar un volantazo que aleja a los herederos de Convergència de cualquier posible alianza.
El procés como tal finalizó en el frente político con la llegada de Illa a la presidencia de la Generalitat y Junts participa cada vez más de las dinámicas del Congreso de los Diputados. Pero en el frente judicial aún colean los efectos del conflicto que tuvo como momento álgido octubre de 2017. La primera sentencia (habrá muchas porque numerosos son los recursos) del Constitucional sobre la amnistía llegará en junio, según Conde-Pumpido, pero eso no significa que Puigdemont pueda regresar si el Constitucional avala la ley.
El Supremo ya ha dejado caer que, en caso de que el TC estime que ha de aplicar la amnistía a Puigdemont también en lo que se refiere al delito de prevaricación, presentará una consulta al Tribunal de Justicia de la UE. Es el mismo procedimiento que está aplicando la Audiencia de Sevilla para ir en contra de la sentencia del TC que atenúa las penas a dirigentes socialistas por el caso de los ERE.
El propio Conde-Pumpido expresó en el mencionado foro su estupor por la presentación de una cuestión prejudicial al TJUE después de la sentencia del Constitucional. Como su mismo nombre indica, pareciera que la cuestión prejudicial tendría que presentarse antes y no cuando ya se ha pronunciado el máximo órgano jurídico que es el TC. Es algo que no ha pasado antes. Pero no son pocos los que consideran que el asunto de los ERE no es más que un ensayo de lo que ocurrirá con la amnistía para saber cuál sería la reacción de Conde-Pumpido. El presidente del TC ha aclarado que dejará hacer y que resuelva el tribunal europeo en ambos casos. Eso implica que difícilmente Puigdemont regresará este verano. El ex president no solo no está dispuesto a correr ningún riesgo, sino que después de todo este tiempo en Bélgica ha decidido que uno de sus objetivos es no presentarse ante un juez en España.
Así que la última palabra, en los ERE y en la amnistía, la tendrá la justicia europea. El TJUE por este lado y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que acudieron los condenados del procés, por el otro. En este caso, también hay quien se teme en el Supremo que su resolución podría considerar desproporcionadas las penas del juicio. Camino de los ocho años desde aquel intento de secesión unilateral, serán las instancias europeas las que diriman una de las mayores crisis políticas que ha vivido España y que ha sometido a la alta judicatura a todo un test de estrés.
