Baleares levanta la moratoria turística que estaba en vigor desde inicios de 2022, cuando se aprobó con Francina Armengol como presidenta. El Govern de Marga Prohens ha aprobado este viernes un decreto ley que abre de nuevo la puerta al intercambio de plazas turísticas tanto en hoteles como en alquiler vacacional. Esta posibilidad estaba congelada. El decreto no incluye finalmente una subida de la ecotasa, una exigencia de Vox para darle apoyo en el Parlament.
A partir de ahora, se podrán intercambiar plazas, pero en ningún caso se podrá crecer porque el decreto bloquea la capacidad de alojamiento y la deja como está: 447.389 plazas hoteleras y otras 160.133 de alquiler turístico. No se crean nuevas plazas, pero tampoco se destruyen. “Nosotros no defendemos el decrecimiento”, ha dicho el conseller de Turisme, Jaume Bauzà, en la presentación de la norma.
Baleares crea dos bolsas temporales para el intercambio de plazas. Las hoteleras procederán de alojamientos obsoletos que se den de baja y que a partir de ahora podrán reconvertirse en viviendas a precio limitado. La bolsa de alquiler vacacional se creará con la depuración de licencias ya concedidas y que no están en uso; se darán de baja aquellas plazas en las que no ha habido actividad en los últimos tres años.
La norma ha provocado una airada reacción del sector hotelero de las Islas, con una dura carta del CEO de Melià, Gabriel Escarrer, donde asegura que la norma conduce a las islas a la segunda “balearización”, término con el que se describe el desarrollo turístico de los 70 en enclaves de la costa balear. De fondo están 90.000 plazas de alquiler vacacional que se aprobaron en la anterior legislatura, con Francina Armengol en el Govern, y que, pese a tener licencia, se encontraban en un limbo jurídico que ahora resuelve el decreto incluyéndolas definitivamente en las plazas legales
La norma ha provocado un choque con el sector hotelero, que no está de acuerdo
La lucha contra la oferta ilegal se intensifica con nuevas medidas entre las que destaca la obligatoriedad de los portales comercializadores de exigir el número de registro del alojamiento que se comercializa, en el que se responsabiliza de posibles infracciones tanto a los propietarios como a las plataformas comercializadoras y un aumento de las sanciones del 25 % con multas de hasta 500.000 euros.
No obstante, se prevé una rebaja de hasta el 80 % de la sanción siempre y cuando estas viviendas pasen a destinarse al alquiler social o a precio limitado, en cuyo caso, el beneficiario de la renta será la administración. La norma prevé la colaboración de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que deberán informar de sus sospechas sobre la legalidad del establecimiento.
