La vivienda constituye un reto persistente, especialmente en las denominadas “ciudades de éxito”, donde la alta demanda supera ampliamente la oferta disponible. En este contexto, resulta fundamental implementar políticas efectivas que atiendan las particularidades de cada situación, ya que un análisis global o soluciones generales son insuficientes para resolver esta compleja realidad.
El acceso a la vivienda se ve limitado por una oferta insuficiente, tanto para la compra como para el alquiler, lo que ha provocado un constante incremento en los precios, que ha dificultado progresivamente el acceso para determinadas familias y jóvenes. Según el Banco de España, cerca del 40% de los hogares enfrentan un sobreesfuerzo económico para poder costear la vivienda. Sin embargo, en lugar de estimular la oferta mediante colaboraciones público-privadas, incentivos para la inversión privada y la disposición de suelo público, las recientes políticas públicas podrían estar agravando esta problemática, tanto a escala estatal como autonómica.
Catalunya
El incremento del 100% en el impuesto de trasmisiones a los grandes tenedores corre el riesgo de reducir la oferta disponible
Un ejemplo es la entrada en vigor del decreto ley 2/2025 en Catalunya, que obliga a los grandes propietarios a inscribirse en un registro especial y otorga a la Generalitat derechos preferentes para adquirir viviendas en zonas tensionadas. Además, el Govern ha aprobado un incremento del 100% en el tipo del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, del 10% al 20%, para los grandes tenedores que adquieran viviendas en Catalunya, como parte de una medida para desincentivar la acumulación de propiedades. Aunque estas medidas podrían parecer positivas, corren el riesgo de generar efectos opuestos a los deseados.
Políticas regulatorias, como el control de precios o la imposición de obligaciones adicionales para propietarios, podrían reducir la oferta disponible y generar mayor incertidumbre entre los inversores. Además, se tenderá cada vez más a una selección más cuidadosa de los inquilinos, lo que afectará especialmente a las familias con menos recursos. Expertos del Consejo General de Economistas y Fedea ya han advertido previamente sobre el impacto negativo que este tipo de intervenciones ha tenido en la reducción de la oferta disponible. Otra consecuencia preocupante es que estas regulaciones podrían complicar las operaciones inmobiliarias, generando retrasos administrativos y burocráticos que finalmente incrementan el precio.
Es fundamental apostar por políticas que simplifiquen y agilicen los procesos urbanísticos, reduzcan barreras administrativas e impulsen nuevas promociones inmobiliarias mediante la colaboración público-privada. Es necesario evitar medidas que puedan reducir aún más la oferta disponible. En definitiva, nuestro país necesita políticas claras, prácticas y efectivas que fortalezcan la oferta, simplifiquen el marco regulatorio y promuevan la cooperación entre actores públicos y privados para afrontar con éxito el desafío del acceso a la vivienda.
