
El primer ministro británico, Keir Starmer, convocó el sábado la Cámara de los Comunes con carácter extraordinario para aprobar una ley que autoriza al Gobierno a hacerse con el control de la fábrica de acero British Steel, actualmente de propiedad china, como paso previo a su nacionalización.
Las tarifas impuestas por Donald Trump al aluminio y al acero han sido la puntilla para unos altos hornos que ya perdían dinero a mantas y necesitaban una inversión masiva para hacer la evolución de los combustibles fósiles a la electricidad y la energía verde. La anterior Administración conservadora de Rishi Sunak intentó sin éxito buscarle un comprador, y se encontró ya ante la disyuntiva de la nacionalización o el cierre como única opción a largo plazo, optando por dejar el problema a sus sucesores.
La clausura parecía inminente
La clausura parecía inminente ya que Jingye, el comglomerado chino propietario de British Steel, había dejado de comprar los combustibles necesarios para su operación diaria, y exigió al Gobierno 1.200 millones de euros para proceder a ello. Londres contraofertó con 600 millones en efectivo, pero la propuesta fue rechazada.
En el actual clima económico y geopolítico, las autoridades británicas consideran que nacionalizar los altos hornos tiene considerables ventajas, las principales de ellas salvar los 2.700 puestos de trabajo de la fábrica de las afueras de Scunthorpe, invertir en infraestructuras y disponer de acero propio para la industria aeronáutica y de defensa en medio de la actual incertidumbre sobre la voluntad de Washington de defender a Europa en un conflicto armado con Rusia. El cierre de British Steel habría dejado al Reino Unido como el único país del G-7 sin una fuente primaria para poder contar con esa capacidad.
Impacto en el presupuesto del Tesoro británico
La nacionalización de los altos hornos nunca fue la primera opción (el Gobierno prefería encontrarle un nuevo comprador), pero de repente encaja en el relato de Starmer de que el orden mundial ha cambiado y hay que aumentar el gasto militar hasta el 3% del PIB, que Gran Bretaña sea uno de los pilares de la defensa continental y hallar una tercera vía entre el libre mercado y las intervenciones estatales que responda al fin de la globalización, al menos tal y como la hemos conocido hasta ahora.
El problema, sin embargo, es el dinero que ello le va a costar a un Tesoro constreñido por sus propias reglas fiscales, y que parece abocado a una impopular subida de impuestos y recortes aún mayores de gastos para equilibrar sus números. Los dos hornos de British Steel han llegado prácticamente al final de su expectativa razonable de vida, y reemplazarlos significará una inversión de miles de millones de euros.
Los chinos de Jingye siguen siendo técnicamente, por el momento, los accionistas, pero el fin de su recorrido quedó claro ayer cuando los trabajadores bloquearon a sus directivos el acceso de las instalaciones. Su nuevo patrón, salvo que aparezca un milagroso comprador de última hora, será el Estado.