El aval que la semana pasada dio el Congreso de los Diputados –gracias a la mayoría parlamentaria de la investidura de Pedro Sánchez– a la reforma que permitirá redistribuir obligatoriamente a los menores inmigrantes entre comunidades autónomas cuando una esté colapsada –como es el caso de Canarias–, fue solo el comienzo de un complicado camino que se configurará desde hoy.
A partir de este lunes, el Gobierno central, el de Canarias y el de la ciudad autónoma de Ceuta activarán la maquinaria para repartir por la península a 4.400 niños y adolescentes inmigrantes sin amparo familiar. Fuentes ministeriales advierten de que las agónicas negociaciones para sacar adelante la modificación de la ley de Extranjería se quedarán en “minucias” frente al “complejo reto” que tienen ahora por delante la administraciones, unido a la ofensiva política y judicial que desplegarán algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Todas las miradas están ahora puestas en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia que se celebrará el próximo 28 de abril. La ministra Sira Rego reunirá a los consejeros autonómicos del ramo para poner sobre la mesa la cifra de menores que deberán acoger las autonomías en el plazo de un año.
Si Madrid y Aragón no corrigen los datos, el Ministerio llevará a la Conferencia Sectorial sus propias cifras
El problema a día de hoy, según admiten las mismas fuentes, es que aún no se ha logrado cifrar el número de menores inmigrantes no acompañados que hay en España. Aragón, en clara rebeldía, aún no ha proporcionado –como le fue requerido– el número de adolescentes que tiene bajo su tutela. Madrid, que lidera el frente contra el reparto de menores, facilitó unos datos genéricos. Rego le instó a corregir las cifras, pero ayer la consejera de Familia, Juventud y Asuntos, Ana Dávila, insistió en una entrevista en Servidemia que la región tiene una situación “absolutamente tensionada” de “sobreocupación” en los centros de menores inmigrantes no acompañados, que alcanza el 132% de su capacidad, “habiendo llegado en algunos momentos hasta el 150%”.
La cuestión es que el Gobierno no tendrá en cuenta para cerrar el reparto la sobreocupación que denuncian la mayoría de las comunidades, puesto que esa situación se da en función de las plazas con las que cuenta cada comunidad, y no con las que debería tener. Y esta es la clave. Las camas para menores con las que deberán contar todas las regiones se calculará en base a un criterio tan objetivo como es la población. Y a partir de ese número –que se estima en una plaza por cada 2.500 habitantes– se conocerán cuáles han hecho realmente los deberes hasta el momento. Fuentes gubernamentales aseguran que si Madrid y Aragón no concretan los datos, realizarán el cálculo tomando una base de datos del Ministerio de Juventud e Infancia que no deja en buen lugar a Andalucía, Madrid o la Comunidad Valenciana.
De manera paralela, para comenzar los traslados, previstos los primeros para el verano, es primordial aprobar un reglamento que desarrolle el decreto convalidado el pasado jueves con los votos en contra del PP y Vox. Desde el Ministerio que dirige Rego aseguran que ya se ha enviado un primer borrador al resto de los ministerios implicados en el reparto para que realicen sus aportaciones en las dos próximas semanas. El Gobierno tiene intención de aprobarlo con la máxima celeridad.
Comunidades del PP remiten al precedente de la rebeldía de varias regiones en 2014 contra las reválidas de Wert
El reglamento será la biblia de reparto más inminente, pero deberá servir también para que en el futuro, si otra comunidad se ve afectada al cambiar la fuerza de las rutas migratorias, pueda aplicarse teniendo en cuenta las particularidades de los territorios. Poco se conoce de la letra pequeña de este documento, pero deberá recoger cómo se realizarán los traslados y cómo serán los procesos de acogida en los nuevos destinos.
En ese segundo aspecto es en el que las regiones que ahora amenazan con incumplir tendrán más margen para introducir trabas. El Gobierno no quiere ni oír hablar de ese hipotético escenario, pero fuentes de gobiernos autonómicos del PP, sin desvelar cuál será su estrategia, remiten al año 2014, cuando entró en vigor la controvertida ley educativa de José Ignacio Wert. Varias comunidades se plantaron, negándose a implantar las polémicas reválidas de la ESO al entender que invadían competencias, que no había habido diálogo y que no daba tiempo a hacerlo.
La ruta canaria apenas muestra síntomas de fatiga
l último balance del Ministerio del Interior sobre inmigración irregular, con datos del primer trimestre de 2025, reflejan que las entradas en cayuco al archipiélago canario han disminuido un 28% con respecto al mismo periodo de 2024. Ese dato, si se cayese en el error de tomarlo como una fotografía fija de la situación de la ruta atlántica, podría parecer triunfalista. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Los datos en bruto muestran que desde este 1 de enero han llegado a Canarias 9.424 inmigrantes. Sí que es cierto que el pasado año, en pleno auge de cayucos procedentes de las costas Mauritanas –que llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al país africano para tratar de frenar las salidas– en ese mismo primer trimestre llegaron 13.095 personas. Pero en 2023 el número fue de 4.287 y en 2022, de 8.727, lo que evidencia que la ruta canaria apenas está mostrando síntomas de fatiga. Y como cada año vienen advirtiendo los expertos, los meses más complicados empezarán, previsiblemente, tras el verano, cuando la buena mar y el buen clima propicien las mejores condiciones para la navegación en esa parte del Atlántico.
