El Gobierno ha activado hoy la primera línea de ayudas en forma de avales para las empresas españolas afectadas por la guerra arancelaria iniciada por Trump. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un acuerdo inicial para movilizar los primeros 1.000 millones del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de un total de 5.000 millones de este tramo. El Ministerio de Economía ha abierto esta ayuda financiera a empresas con una exposición aunque sea mínima al intercambio comercial con Estados Unidos y también ha incluido como posibles beneficiarios a los proveedores significativos de estas compañías. El objetivo es que ninguna compañía se quede atrás y pueda acceder a financiación con la ayuda del sector público.
El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada un Plan de Respuesta con 14.000 millones en ayudas en total para las empresas afectadas por la imposición de aranceles en EE.UU. Esta primera línea de avales tenía que ser regulada, y eso es lo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, después de contactos del departamento que dirige Carlos Cuerpo con los grupos parlamentarios en el Congreso. El objetivo de esta primera línea de avales es cubrir las necesidades de liquidez o poner en marcha proyectos de reconversión empresarial de las empresas afectadas.
Los beneficiarios de esta línea de avales podrán ser empresas exportadoras e importadoras que tengan una exposición significativa, directa o indirecta, al mercado norteamericano. Por exposición relevante se entiende que el volumen de exportaciones o importaciones a EE.UU tiene que ser superior al 5% del total de intercambios comerciales de la compañía.
El Gobierno, en contacto con los grupos parlamentarios, también ha incluido en esta línea de avales a empresas que, aunque no exporten directamente a Estados Unidos, sí pueden verse impactadas por la guerra arancelaria. Por ello, proveedores relevantes de empresas radicadas en España de sectores afectados directamente o que forman parte de cadenas de valor global también podrán acceder a las ayudas.
Los avales podrán solicitarse hasta el 30 de junio del 2026
Los avales podrán solicitarse hasta el 30 de junio del 2026, lo que implica que el Gobierno no prevé una solución rápida al problema arancelario, y habrá dos modalidades de ayuda financiera en función del destino o finalidad del proyecto. La primera está dirigida a cubrir las necesidades de liquidez a corto plazo de las empresas afectadas. El aval podrá cubrir hasta el 80% del préstamo concedido por el ICO o una entidad financiera privada, y el plazo de amortización de los préstamos será de hasta cinco años, con uno de carencia.
El Gobierno ya estima que esta modalidad sea la más demanda. A ella destinará los primeros 750 millones.
El segundo tipo de aval está dirigido a garantizar préstamos destinados a proyectos de reconversión o transformación empresarial. Las empresas podrán financiar hasta el 80% del valor de la inversión y hasta el 100% del circulante asociado al proyecto de inversión. La cobertura del aval podrá ser de hasta el 80% y el plazo de amortización de los préstamos de hasta 10 años, con tres de carencia. El ICO actuará en régimen de cofinanciación con los bancos privados.
