El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha hecho público hoy sus dictámenes sobre el incremento de la tasa turística y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), dos medidas que pactó el Ejecutivo catalán con los Comuns. En su escrito, este ente consultivo insta a tramitar ambas acciones mediante una ley en vez de decreto ley ya que considera que invade competencias exclusivas del Parlament. Fuentes del Govern expresan su “absoluto respeto por las conclusiones no vinculantes” y señalan que antes de pronunciarse se estudiará con detenimiento ambos textos.
El Consell recomienda al Govern que tramite como proyectos de ley estas normas y apunta que, en el caso del aumento del ITP, no existe la “necesidad extraordinaria y urgente” que justifique su trámite como decreto ley. En este sentido, recomienda “con carácter general, que el Govern, a la hora de elaborar un decreto ley, justifique la necesidad extraordinaria y urgente de dictarlo en su exposición de motivos”.

No es la primera vez que se realizan modificaciones fiscales vía decreto ley. Por ejemplo a finales de 2022, se aprobó el decreto ley 16/2022 sobre modificaciones en el impuesto sobre el Patrimonio. En 2021, se dio luz verdes al decreto ley 12/2021, que precisamente está centrado en la modificación del impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos.
A finales de febrero, el Govern pactó con Comuns duplicar el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), que grava la compra de inmuebles, a los grandes tenedores, así como duplicar la tasa turística, unas modificaciones con las que prevén recaudar 300 millones de euros más anualmente. Los decretos se aprobaron en el Consell Executiu y se encuentran a la espera de que el Parlament los convalide.

Junts llevó estas dos normas ante el Consell de Garanties Estatutàries al entender que “no hay ningún motivo de urgencia que justifique que estas iniciativas se tramiten por vía decreto”, entre críticas de su portavoz parlamentaria, Mònica Sales, al Govern por “legislar a golpe de decreto”.
Fuentes del grupo parlamentario de Junts consultadas por EFE emplazan al Govern a que retire los decretos y lamentan que el ejecutivo que preside Salvador Illa “se salte el proceso parlamentario ordinario y dé la espalda al Parlament”.