
Hay indicios de que el desafío de Harvard parece haber sacudido a la Casa Blanca.
Según diversas fuentes, la administración Trump se sorprendió por la negativa de este centro de prestigio a ceder ante las amenazas del presidente en su cruzada contra las principales universidades del país.
Esta reputada institución de la Ivy League dispone de un buen fondo de resistencia, una dotación financiera de 53.200 millones de dólares (entre distintos tipos de activos) que la posicionan para afrontar las tácticas de intimidación. Y así lo dejó claro este lunes la universidad más rica del mundo al demandar al ejecutivo federal tras el anuncio de que le congelarían 2.200 millones en subvenciones si no cumple una serie de requisitos y persiguiera lo que los responsables del centro calificaron como “un control inaudito e indebido” sobre la institución.
“Las consecuencias de los excesos del gobierno serán graves y duraderas”, sostuvo el presidente de Harvard, Alan Garber, al informar sobre la demanda.
Esta iniciativa supone una escalada en la confrontación entre la considerada alta educación, que tanto prestigio da a EE.UU., y Donald Trump, quien por lo visto desprecia su labor y promete recuperar las universidades de élite. Ha enmarcado su campaña en una lucha contra el antisemitismo, a partir de las protestas pro Palestina de la pasada primavera, pero también persigue el objetivo de acabar con los programas y la enseñanzas respecto a la diversidad racial y los asuntos de género.
La demanda, interpuesta ante un tribunal de Massachusetts, acusa a la administración Trump de violar la primera enmienda de la Constitución (libertad de expresión) y leyes y regulaciones federales. Harvard solicita al juzgado que declare la orden de congelación de fondos inconstitucional y ordene a la administración que revierta cualquier terminación o congelación de fondos federales.
Pese al riesgo de perder 2.200 millones, Harvard rechazó la semana pasada aceptar las exigencias del gobierno bajo el objetivo de abordar el antisemitismo en el campus. Entre otras cuestiones, el ejecutivo reclamó auditar a los profesores por plagio, revisar las opiniones del cuerpo estudiantil, la prohibición de estudiantes internacionales “hostiles a los valores e instituciones estadounidenses” o nombrar un supervisor externo para asegurarse que los departamentos académicos tuvieran “puntos de vista diversos”.
Trump y su equipo argumentó que Havard y otras universidades permitieron el lenguaje y el acoso antisemita sin que hubiera un control en los campus. La universidad replicó en su demanda que el gobierno citó la respuesta de la universidad al antisemitismo como justificación para “una acción ilegal.
En su comunicado, Garber afirmó que “sé muy bien, como judío y estadounidense, que existen preocupaciones válidas sobre el aumento del antisemitismo”. Recalcó que el gobierno estaba legalmente obligado a dialogar con la universidad respecto a las formas en que estaba combatiendo el antisemitismo. En cambio, “el gobierno ha buscado controlar a quién contratamos y qué enseñamos”, añadió.
En su réplica en el juzgado, la institución acusa al ejecutivo de desatar un amplio ataque como “palanca para obtener el control en la toma de decisiones académica en Harvard”, se indicó.
“El gobierno no ha identificado, ni puede identificar, ninguna conexión racional entre las preocupaciones por el antisemitismo y las investigaciones médica, científica, tecnológica y otras que se congelarían, cuyo objetivo es salvar vidas de estadounidenses, fomentar el éxito estadounidense, preserva la seguridad de Estados Unidos y mantener la posición de Estados Unidos como líder global en innovación”, señaló en esa denuncia.
Además, “el gobierno no ha reconocido las importantes consecuencias que la congelación indefinida de miles de millones de dólares en fondos federales para investigación tendrá sobre los programas de investigación de Harvard, los beneficiarios de esa investigación y el interés nacional en promover la innovación y el progreso estadounidenses”.