Cuando Pedro Sánchez asumió el cargo de presidente del gobierno español, el salario mínimo (SMI) era 735,9 euros/mes y ahora es de 1.184; en términos de poder de compra, se trata de una subida del 33%. Contra los pronósticos de los economistas ortodoxos -con el Banco de España a la cabeza- esta subida ha ido acompañada de la creación de 2,6 millones de puestos de trabajo y de una reducción de la tasa de paro de 4 puntos; un éxito fenomenal para cualquier gobierno, y más si se considera de izquierdas.
Sin embargo, hay que decir alto y claro que el SMI es todavía bajo, porque equivale a tan sólo el 21% de la productividad media del trabajo (medida por el cociente entre el PIB y el número de ocupados). Es cierto que Sánchez se le encontró en el 16% (Felipe González lo había dejado en el 14%), pero es que en el Reino Unido o en Alemania equivale al 25%, la misma proporción que tenía durante el Franquismo (!). De hecho, es probable (pero no seguro) que el nuevo gobierno alemán lo suba hasta el 30%, de acuerdo con los términos de la coalición.
En vez de insistir en lo que va bien, se empeña en una reducción de jornada sin sentido
Hay tres argumentos adicionales para seguir subiendo al SMI por encima de la inflación. El primero, que los empresarios de multitud de sectores tienen dificultades para encontrar trabajadores, señal de que pueden pagar más. El segundo, que España es un imán que atrae mucha más inmigración que la que puede asumir, tanto en lo que se refiere a la provisión de servicios públicos como en lo que se refiere a la vivienda; es necesario parar, y la mejor manera es hacerlo a base de subir los salarios de referencia para buena parte de la inmigración, la menos calificada. El tercero, y el más importante, es que los empresarios españoles deben recibir una señal clara y contundente de que hay que subir la productividad, que es tanto como decir que hay que abandonar la adicción en la mano de obra barata, porque el modelo de crecimiento actual es insostenible, por mucho que nos feliciten al FMI o The Economist con su miopía habitual.
Pero en vez de insistir en lo que va bien, la vicepresidenta se ha empeñado en una reducción de jornada que no tiene ningún sentido. Es cierto que uno de los logros del sindicalismo ha sido históricamente la reducción de la jornada, pero no es menos cierto que ésta ha sido posible gracias a los aumentos de la productividad, y en España la productividad va fatal: ¡prácticamente no ha aumentado en 30 años!
Pero la razón definitiva por la que la vicepresidenta debería enarbolar la bandera del salario mínimo y no la de la reducción de jornada es de orden práctico: la primera depende del gobierno -vía decreto- y la segunda de las Cortes -vía proyecto de ley-, donde naufragará con toda probabilidad.
Yolanda Díaz milita en el Partido Comunista de España. Algún colega debería recordarle las feroces críticas de la ortodoxia marxista hacia el “socialismo utópico”: los cambios no dependen de la buena voluntad, sino, también, de lo que es posible en todo momento.
