“Hay voces de alerta de países muy diferentes sobre vulneraciones de derechos civiles, políticos y lingüísticos en el Estado español”. El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha denunciado este miércoles que España “sabotea” la aplicación de la ley de Amnistía, ataca la soberanía del Parlament y vulnera el modelo de escuela catalana. Así se ha expresado este miércoles desde el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, después de asistir al examen periódico universal de España. En esta sesión, que se realiza cada cinco años para evaluar el estado de los derechos humanos de todos los países miembros de la ONU, varios Estados han recomendado a España garantizar la independencia de su poder judicial, entre otros.
Los Estados que han participado en la jornada también han reclamado que España establezca mecanismos contra el espionaje político, con medidas de protección a los opositores y defensores de derechos humanos; investigar y tomar medidas hacia la ley mordaza; evitar la violencia policial; garantizar el derecho de protesta, de reunión y de manifestación; evitar los crímenes de odio contra minorías nacionales, étnicas o lingüísticas; proteger la diversidad lingüística y evitar discriminaciones lingüísticas; aplicar la ley de memoria histórica y luchar contra los crímenes del franquismo.
Los Estados participantes han reclamado también a España que establezca mecanismos contra el espionaje político
Antich ha subrayado que es “muy importante” denunciar internacionalmente en la sede de la ONU las “carencias democráticas” y las “vulneraciones de derechos humanos” del Estado. El presidente de Òmnium ha añadido que España promueve el espionaje político y las infiltraciones policiales.
Además, ha insistido en que su cúpula judicial, en vez de fiscalizarlo, lo ampara y “sabotea” la aplicación de la ley de Amnistía. Además, ha reiterado que también ataca a la soberanía del Parlament y vulnera el modelo de escuela catalana. En este sentido, el presidente de Òmnium ha aseverado que la cúpula judicial española también actúa “con prevaricación” y, haciendo política, “se extralimita de sus funciones”.
En esta línea, Antich ha celebrado que varios países hayan destacado la “falta de independencia política del poder judicial” del Estado, además de aspectos como el “poco respeto” del derecho de protesta, asociación y reunión, e incluso menciones a la tortura y la falta de aplicación de la ley de memoria histórica. En síntesis, Antich ha recriminado que la respuesta del Estado español haya sido “muy decepcionante”.
