Antes de participar en la consulta pública sobre la opa, las principales entidades empresariales y económicas de Catalunya han hecho llegar al presidente Pedro Sánchez una carta en la que le piden que impida la fusión del BBVA y el Banc Sabadell por “interés general”. La iniciativa impulsada por las Cambres de Comerç, que preside Josep Santacreu, cuenta con el apoyo de las patronales Foment, Pimec, Cecot, Femcat y las entidades Barcelona Global, RACC, Fira y el Col.legi d’Economistes.
En la misiva advierten que respetan pero no comparten las consideraciones técnicas de defensa de la competencia ya dirimidas por la CNMC. Y añaden que existen otras “poderosas razones de interés general que justificarían la intervención del Gobierno, que usted preside, para impedir la fusión entre las dos entidades bancarias”.
Las razones esgrimidas por los firmantes para bloquear la opa son cinco: “Evitar una excesiva concentración de poder empresarial y financiero, preservar un canal de crédito y servicios financieros especializados en empresas, prevenir la pérdida de ocupación y de oficinas bancarias, con el consiguiente aumento del riesgo de exclusión financiera, promover la atracción y retención de talento financiero en los diferentes territorios y garantizar la cohesión social y territorial”.
En la carta, las entidades alertan que “una mayor concentración de poder económico, financiero y empresarial en un solo punto geográfico puede desvirtuar la cohesión social y territorial que demandan la sociedad y la economía españolas”. Aunque sin citarlo expresamente, se refieren a que en los últimos años las grandes empresas españolas se han replegado en Madrid, incluso en la banca, CaixaBank, la gran entidad financiera española y que históricamente tenía la sede social y operativa en Barcelona, ahora tiene el domicilio social en Valencia y la sede operativa dividida entre Barcena y Madrid.
Precisamente sobre la promesa de doble sede que ofrece el BBVA en su propuesta de fusión al Sabadell, los firmantes sostienen que “sería más simbólica que real, sobre todo a largo plazo, como muestran las experiencias de Santander y Bilbao en relación con los bancos que allí tuvieron su origen”.
En cuanto al crédito, los firmantes estiman que de llevarse a cabo la fusión la pérdida de crédito disponible para las pymes es de entre 54.000 y 70.000 millones de euros. El BBVA siempre ha negado esa estimación y asegura que sería al contrario, ya que sostiene que aumentaría el crédito.
Las Cambres, Foment, Pimec, Cecot, Femcat, RACC, Fira, Barcelona Global y los Economistes firman
En cuanto al previsto cierre de oficinas y recorte de personal, las entidades opinan que “debe ser tenido en cuenta, no solo en términos de generación de renta y riqueza, sino también para evitar el mayor riesgo de exclusión financiera que implica el cierre de oficinas bancarias”.
Las instituciones alertan también de la reducción de “la capacidad de atracción y retención de perfiles altamente cualificados” como consecuencia de la pérdida un centro de decisión financiero.
La doble sede ofrecida al Sabadell “sería más simbólica que real, sobre todo a largo plazo”
El Cercle d’Economia, que esta semana ha sido el epicentro del debate sobre la opa del BBVA al Banc Sabadell, no firma la carta al presidente Sánchez pero aseguran que están preparando sus argumentos para participar en la consulta pública con sus propios puntos de vista y proponiendo condiciones a la operación en “defensa del interés general”. Los sindicatos UGT y CC.OO. en Catalunya también preparan su respuesta a la consulta abierta por el Gobierno. Fuentes consultadas explicaron que las patronales catalanas están intentando articular una respuesta conjunta con los sindicatos sobre la operación de compra. No obstante, desde CC.OO. Catalunya aseguran que “no hemos participado en conversaciones con este objetivo”.
La carta de las entidades se acompaña de una campaña publicitaria en la que se anima a los empresarios a que participen en la citada consulta dando su opinión. La misiva llega después de que la opa hostil pasara el trámite de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y llegara a la mesa del ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
