Cuando el vicepresidente de Estados Unidos acusa a Europa de no proteger la libertad de expresión, la respuesta obvia es replicar que es un hipócrita. La Casa Blanca en la que trabaja J. D. Vance es una feroz enemiga de las opiniones que no le gustan, deporta a estudiantes por sus opiniones políticas, acosa a los medios críticos e intimida a las universidades. Sin embargo, el hecho de que sea un hipócrita no significa que no esté en lo cierto. Europa tiene un problema real con la libertad de expresión.
No es un problema distribuido de manera uniforme. El peor infractor comunitario es, con creces, Hungría, donde el gobierno ha aplastado o cooptado a la mayoría de los medios de comunicación independientes. (Curiosamente, el partido pro-MAGA en el gobierno escapa a los dardos de Vance.) Otros infractores destacados son Alemania y Gran Bretaña. La prohibición alemana de negar el Holocausto es comprensible, dada su historia; pero su ley contra los insultos a los políticos es una farsa. Los poderosos la utilizan de manera descarada. Un antiguo vicecanciller ha presentado cientos de denuncias penales contra ciudadanos; entre ellas, contra uno que lo llamó “idiota”. El mes pasado, el jefe de redacción de un periódico de tendencia derechista fue condenado a una fuerte multa y a siete meses de prisión dejados en suspenso por compartir un meme con una foto manipulada en la que se veía al ministro del Interior con un cartel en el que se leía “Odio la libertad de opinión”.
Todos los países europeos garantizan el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, la mayoría también intenta limitar los daños que temen que pueda causar. Se trata de algo que va mucho más allá de la clase de discursos que incluso los liberales clásicos están de acuerdo en prohibir, como la pornografía infantil, la filtración de secretos nacionales o la incitación deliberada a la violencia física. A menudo, se extiende a discursos que hieren los sentimientos de las personas o que, en opinión de algunos funcionarios, son falsos.
En algunos lugares, es delito insultar a un grupo específico (el rey en España; todo tipo de personas en Alemania). En Gran Bretaña, es delito ser “gravemente ofensivo” en internet. En más de una docena de países europeos, siguen existiendo leyes contra la blasfemia. Todo el continente tipifica como delito el “discurso de odio”, que es difícil de definir, pero que se sigue ampliando para abarcar nuevos colectivos. En Finlandia, es ilegal insultar una religión, pero citar las escrituras también puede ser arriesgado: un diputado fue procesado por publicar un versículo de la Biblia que hablaba de la homosexualidad.
JD Vance, junto a su esposa Usha Vance, este fin de semana en el Vaticano
La policía británica muestra un celo especial. Los agentes dedican miles de horas a examinar publicaciones online potencialmente ofensivas y detienen a 30 personas al día. Entre los detenidos, ha habido un hombre que arremetió contra la inmigración en Facebook y una pareja que criticó la escuela primaria de su hija.
El objetivo de las leyes contra los discursos de odio es promover la armonía social. Sin embargo, hay pocas pruebas de que funcionen. Reprimir la libertad de expresión con la amenaza de un proceso judicial parece fomentar la división. Los populistas se alimentan de la idea de que la gente no puede decir lo que realmente piensa, una opinión que ahora comparte más del 40% de los británicos y los alemanes. La sospecha de que el establishment reprime ciertos puntos de vista se acentúa cuando los reguladores de los medios de comunicación muestran sesgos políticos. Francia impuso una multa de 100.000 euros a un canal de televisión conservador por calificar el aborto como la principal causa de muerte en el mundo, una opinión muy extendida entre antiabortistas y contra la cual parece ser que el público debe ser protegido. Las leyes de protección digital y las elevadas multas a las compañías de redes sociales por tolerar contenidos ilegales anima a la eliminación de muchos que sólo son cuestionables, lo cual enfurece a quienes ven sus publicaciones suprimidas.
Europa debería volver a la vieja idea liberal de que el desacuerdo ruidoso es mejor que el silencio impuesto
La situación puede empeorar. Las leyes redactadas de forma imprecisa y que otorgan una amplia discrecionalidad a los funcionarios son una invitación al abuso. Los países en los que ese abuso aún no es habitual deberían aprender del ejemplo británico. La represión no fue planificada desde arriba, sino que surgió cuando la policía descubrió que le gustaban los poderes que le otorgaban las leyes sobre la libertad de expresión. Es mucho más fácil atrapar a usuarios de Instagram que a ladrones; las pruebas están a solo un clic de distancia.
Cuando la ley prohíbe ofender, también crea un incentivo para que las personas afirmen sentirse ofendidas y utilicen a la policía para silenciar a un crítico o ajustar cuentas con un vecino. Cuando algunos colectivos están protegidos por las leyes contra los discursos de odio, pero otros no, estos últimos tienen un incentivo para exigir también protección. Así, el esfuerzo por erradicar las palabras hirientes puede crear un “efecto tabú”, con cada vez más ámbitos considerados prohibidos. Y ello no tarda en acallar el debate público. Es difícil mantener un intercambio abierto y franco sobre la inmigración, por ejemplo, si una de las partes teme que la expresión de sus opiniones le acarree una visita de la policía.
Debido a que la derecha populista defiende ese punto de vista con vehemencia, muchos liberales europeos se muestran un tanto reacios a la hora de defender la libertad de expresión. Se trata de una tontería. No sólo porque las leyes que pueden utilizarse para amordazar a una parte también pueden utilizarse para amordazar a la otra, como se ha visto en la draconiana respuesta a las protestas sobre Gaza en Alemania; sino también porque creer en la libertad de expresión significa defender las opiniones que no nos gustan. Si las democracias no lo hacen, pierden credibilidad, lo que beneficia a las autocracias como China y Rusia, que están librando una lucha global por el poder blando.
¿Qué deberían hacer los europeos en la práctica? De entrada, volver a las viejas ideas liberales de que el desacuerdo ruidoso es mejor que el silencio impuesto y de que las personas deben tolerar las opiniones de los demás. Las sociedades tienen muchas formas de promover el civismo que no implican el recurso a las esposas, desde las normas sociales hasta las reglas corporativas sobre recursos humanos. Las sanciones penales deberían ser tan poco frecuentes como lo son en virtud de la Primera Enmienda estadounidense. La difamación debería ser un asunto civil, con garantías adicionales para las críticas a los poderosos. El acoso y la incitación a la violencia deberían seguir siendo delitos, pero el concepto de “discurso de odio” es tan difuso que debería eliminarse.
La libertad de expresión en las redes depende en gran parte de cómo la regula cada plataforma
Las plataformas digitales privadas tendrán diferentes políticas de moderación de contenidos. Algunas serán más estrictas que otras; los usuarios son libres de elegir la plataforma preferida. Desde el punto de vista jurídico, la libertad de expresión debería tratarse en internet de la misma manera que fuera de internet. Aunque existen diferencias evidentes (como la posibilidad de una difusión viral), la policía debería mantenerse al margen de los chats privados. Unas leyes más claras y menos generales ayudarían a todas las plataformas a centrarse en la eliminación de las amenazas y el acoso reales.
Los europeos son libres de decir lo que quieran sobre J. D. Vance. Sin embargo, no deberían hacer caso omiso de su advertencia. Cuando los Estados tienen demasiado poder en relación con la libertad de expresión, tarde o temprano acaban utilizándolo.
© 2025 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved
Traducción: Juan Gabriel López Guix
