

El Parlament debate mañana una moción de Aliança Catalana en la que se carga contra el uso de cualquier tipo de velo islámico e insta a la Cámara a manifestar el rechazo al hiyab, nicab, burka, burkini, shayla, khimar o chador. Junts per Catalunya decidió en la ejecutiva de este lunes que votará en contra de dicha iniciativa, pero la reunión del órgano directivo también sirvió, según fuentes del partido, para fijar un posicionamiento “claro y sin subterfugios” sobre este asunto. La formación defiende que cualquier tipología de velo se prohíba en las escuelas e institutos y también se alinean en contra del uso del burka y del nicab en el espacio público.
Por lo que atañe al primero de sus planteamientos, los posconvergentes consideran que el velo debe estar vetado en los centros de educación obligatoria, pero también en lo que afecta a otras actividades de formación como pueden ser las actividades extraescolares y deportivas. Fuentes de JxCat defienden este posicionamiento por una “cuestión de no discriminación por razón de género” y por “responsabilidad con la protección de los derechos de la infancia”. Eso sí, reconocen que el debate aún está abierto en la franja de 16 a 18 años, puesto que en esas edades la educación ya no es obligatoria.
En cuanto al burka y nicab, apoyan que no se use en los espacios públicos por “evitar una discriminación de género y también por seguridad”. Otro elemento que se acordó tiene que ver con el uso del burkini en las piscinas públicas y espacios de baño: en este sentido, Junts aboga por regular el uso del mismo por un tema de “salubridad” y matiza que puede usarse “ropa técnica de baño”. En esta línea, existen burkinis de baño y admiten que la cuestión es compleja porque “es más complicado saber si quien va tapada lo hace por imposición, enfermedad o vergüenza”.
Fuentes del partido defienden afrontar estos debates y “no entrar en posiciones buenistas”
Desde el partido expresan que en este momento no quieren “evitar ningún debate” y remarcan que “no entraremos en las posiciones buenistas, sino que los afrontaremos de manera ordenada y contando con todas las estructuras del partido”. Además de este asunto, también hay otros como el endurecimiento del acceso al empadronamiento que se aprobó en la convención municipalista del 10 de mayo en Vic o las propuestas para combatir la multirreincidencia.
Después de la inquietud que los alcaldes han trasladado al partido sobre esta y otras cuestiones, la formación considera que sus cargos municipales “tienen que contar con un punto de referencia a la hora de aplicar” algunas políticas y por ello ahora entran al fondo de estos debates. Por ahora, lo que queda definido es el posicionamiento -no exento de algunas discusiones internas ante las distintas sensibilidades que conviven en el seno de Junts, especialmente por las diferencias señaladas por la sectorial ideológica de izquierdas-, pero no se deriva ninguna iniciativa legislativa concreta al respecto.
Lo que ahora se mirará es con qué herramientas se puede trabajar en los municipios, como las ordenanzas o reglamentos, para actuar “en coherencia” con estas posiciones. Otro escenario que analizarán es ver “el margen” con el que esto se pueda abordar en la ley de inmigración que el partido quiere impulsar toda vez que la delegación de competencias se apruebe en el Congreso, algo que hasta la fecha no está garantizado por la negativa de Podemos.
En Junts aseveran que la decisión adoptada “no va en contra de nadie”, sino que busca “fomentar más la convivencia e integración” desde el respeto a la “no discriminación y a los derechos humanos”. Con todo, insisten en que Aliança no les condiciona la agenda y exponen que el voto a la moción de mañana será contrario porque es un texto que “destila odio”. “Con esta moción se genera catalanofobia y así no se construye un país”, plantean fuentes de la formación.