El Gobierno español ha acordado pagar 32 millones de euros (37 millones de dólares) al fondo estadounidense Blasket Renewable Investments en concepto de compensación por la retirada de las primas a las energías renovables que realizó el Gobierno de Mariano Rajoy.
La cuantía satisface íntegramente la marcada en un laudo de la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial dictado en 2021 a favor de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation, cuyos derechos adquirió el fondo estadounidense y los alzó a los tribunales de su país tras acreditar que la sentencia no había sido cumplida . El pleito liderado por el bufete especializado Gibson Dunn, consideraba que España había incurrido en una situación de impago e incumplimiento y abría la puerta al embargo de bienes del Reino de España.
Por primera vez desde el comienzo de estas disputas entre fondos de inversiones internacionales y el Estado español por el recorte retroactivo a las primas renovables practicado por sucesivos gobiernos entre 2010 y 2014, el Gobierno ha aceptado abonar la compensación marcada por el organismo internacional.
Este es solo uno de los más de 26 laudos que quedan pendientes de pago durante los 14 años que han pasado desde que el Ciadi recibiera la primera denuncia.
La decisión es, por tanto, un punto de inflexión, que los letrados del caso quieren leer como un cambio de tendencia. “La satisfacción del laudo representa un precedente importante para el resto de acreedores, que anuncian que siguen buscando un acuerdo pero, al mismo tiempo, siguen preparando nuevas medidas para la ejecución de sentencias firmes ante tribunales de terceros países”, aseguran . En este sentido, la justicia de Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Bélgica ya ha autorizado distintas medidas orientadas a proteger a los afectados, como el embargo cautelar de todo tipo de activos del Reino de España.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica rebajan esas expectativas. “España ha conseguido reducir en un 85% el importe demandado por los inversores internacionales y sigue defendiendo los intereses nacionales en los tribunales” y así seguirá ya que, recuerdan, que en este momento la mayoría laudos están en manos de “fondos buitre” especuladores que han adquirido los derechos a los demandantes originales, como es este caso.
Cabe destacar que este pago no entra en conflicto con una decisión de marzo de la Comisión Europea que ordenaba a España no pagar en un caso similar, ya que supondría una infracción de las normas sobre ayudas estatales de la UE, que impiden a los Estados conceder ventajas desleales a una empresa frente a sus competidoras. Los casos de inversores de fuera de la UE representan solo el 5% del total.
España ha sido condenada a pagar alrededor de 1.514 millones de euros en varios casos y el país ha logrado reducir en un 85% la cantidad exigida por los inversores que ascendía a 10.635 millones.
