El visto bueno de la Airef del pasado 31 de marzo parecía haber dado por buena la sostenibilidad de la reforma de las pensiones para los próximos tres años, cuando toca el próximo examen. Es cierto que fue un aprobado por la mínima, el gasto neto medio quedó en el 13,2%, una décima solo por debajo del límite fijado, y que además, llegó acompañado por las críticas de la Airef sobre el sistema que le habían marcado para llevar a cabo su examen. Pero, el Gobierno consiguió el aprobado que buscaba.
Sin embargo, la situación ha dado un giro. Habrá un nuevo examen dentro de un año. Y lo será en forma de un informe que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha solicitado a la autoridad de responsabilidad fiscal para verificar que la sostenibilidad del sistema de pensiones está asegurada. En el proyecto de real decreto sometido a audiencia pública se justifica este “informe adicional antes del 1 de junio de 2026 para tener en cuenta los grandes shocks en los datos definitivos macroeconómicos de los últimos años y disponer de suficientes datos para evaluar las reformas económicas”.
De esta manera, las presiones de la Airef, expresadas en sus críticas a las reglas del examen que les impusieron en su análisis han llevado a esta iniciativa. También puede servir para tranquilizar a la Comisión Europea que, ayer, en su informe de primavera afirmaba, en su línea habitual, que “una aplicación consistente de la cláusula de salvaguarda debería ayudar a afrontar los brechas emergentes de sostenibilidadfiscal en el gasto público”.
Desde la Seguridad Social argumentan que “este informe no supone una nueva evaluación, sino un ejercicio de transparencia que pretende reforzar la confianza en la sostenibilidad del sistema”. Añaden que permitirá tener en cuenta las revisiones y datos de crecimiento y empleo más reciente, así como el impacto en la sostenibilidad del sistema de reformas tan importantes como la reforma laboral. Sin embargo, lo cierto es que el nuevo informe supone una evaluación adicional para el próximo año cuando no estaba previsto ningún pronunciamiento de la Airef hasta dentro de tres ejercicios.
La Airef decidirá si en su evaluación tiene en cuenta o no las transferencias del Estado a la Seguridad Social
Además de solicitar el informe, otro de los cambios que introduce el nuevo real decreto es que no detalla los ingresos del sistema de la Seguridad Social que la Airef deberá tener en cuenta en su análisis. Anteriormente, se especificaba que uno de estos elementos eran las tranferencias del Estado a la Seguridad Social a través de los presupuestos del Estado. Ahora esta mención desaparece con lo que será la Airef quién decida si incluye o no estas transferencias que, en marzo, fueron motivo de polémica.
En marzo, cuando presentó su informe, a pesar del aprobado, fue muy crítica con la sostenibilidad del sistema de pensiones. “Sigue habiendo las dificultades que había en lo que se refiere a la sostenibilidad”, dijo entonces Cristina Herreno, presidenta de Airef; y añadió que “se cumple la regla del gasto, pero no se puede bajar la guardia en sostenibilidad, porque la dinámica no ha mejorado a pesar de cumplir la regla”.
En su informe de marzo, la Airef cruzó dos variables. La proyección del gasto de las pensiones, para lo que utilizó el informe sobre el envejecimiento que la Comisión Europea publicó en abril del año pasado, y su cálculo del impacto de las medidas adoptadas para aumentar los ingresos de las prestaciones. El resultado fue que el gasto de pensiones medio en el periodo 2022-2050 es del 13,2% del PIB. Por lo tanto, cumplió la condición fijada, que situaba el límite en el 13,3%. En concreto, lo que estableció la Autoridad Fiscal es que el gasto se sitúa en este periodo en el 14,6% del PIB, mientras que las medidas de ingresos ascienden al 1,4%.
Con este veredicto, el Gobierno evitó de tener que aplicar la cláusula de salvaguarda, y con ella aumentar las cotizaciones sociales a partir de enero, como hubiera ocurrido en caso de incumplimiento del nivel de gasto.
