Lo que mas odia en el mundo Pedro Sánchez es perder y el triunfo de la opa del BBVA sobre el Sabadell sería una derrota en toda regla. Y no va a consentirlo de ninguna de las maneras. Además, no puede defraudar a los catalanes. Empeñó su palabra y la de su Gobierno. No importa que el precio que tenga que pagar sea muy alto, en términos de credibilidad política y de seguridad jurídica.
Como sentenció Bloomberg, se trata “de la disputa corporativa con más carga política desde las opas sobre Endesa entre el 2005 y el 2009”. Y esto no le gusta ni a Europa y a los grandes inversores financieros del mundo. Las operaciones financieras se tienen que dirimir con las reglas del libre mercado, el respeto a la propiedad y la libre circulación de capitales. Todo lo demás no dejan de ser cuentos de caballería, una vez que los reguladores de la competencia y del Banco Central Europeo (BCE) han dado el visto bueno.
No sería extraño que el BBVA pidiera amparo a Bruselas si la opa se frustra por razones políticas
La parte sentimental, identitaria o los intereses políticos y sociales en ningún caso puede limitar la libertad de empresa que consagra el artículo 38 de nuestra Constitución. Es cierto, como ha afirmado el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, que la ley habilita al Gobierno a analizar esta operación por el interés general. Por ejemplo, si el comprador fuese un banco ruso o de Corea del Norte estaría absolutamente justificado que se prohibiese o se pusieran condiciones leoninas. Pero siendo el BBVA, que tiene sus orígenes en Euskadi y está implantado
en medio mundo, la cosa es más que discutible.
Por tanto, el Ejecutivo tiene que definir muy bien qué se entiende por “interés general” y cómo justifica las condiciones que se le impone. Si, como solicita la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la opa tiene que estar condicionada a que no se despida a ningún empleado ni se cierre ninguna sucursal, el disparate sería mayúsculo, como lo fue la ocurrencia del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de convocar una consulta popular.
Si a partir de ahora se van a solicitar tales condiciones a cualquier fusión o adquisición que se produzca, la política económica va dirigida a tener empresas y bancos pequeños. La Unión Europea o el BCE reclaman exactamente todo lo contrario para competir en un mundo globalizado. No sería por tanto algo extraño que el BBVA pidiera amparo a Bruselas
si la operación se frustra por razones políticas.
Llegados a este punto, lo más racional sería llegar a un acuerdo que permitiera al Gobierno salvar los muebles, y también a la Generalitat y a los dos contendientes en liza. Pero, sobre todo, que permitiera a los auténticos propietarios del Sabadell, que son sus accionistas, decidir si quieren o no quieren vender. Una fórmula podría ser que el BBVA compre el Sabadell y que durante un tiempo no se fusionen. Es decir, que se integre en el grupo financiero vasco compitiendo entre ellos.
