El penúltimo capítulo de la opa hostil del BBVA sobre el Sabadell se cerró ayer con un fuerte endurecimiento de las condiciones impuestas por el Gobierno central para autorizar la opa al forzar al comprador durante tres años (ampliables a dos más) a mantener la personalidad jurídica y patrimonial de la entidad catalana, así como la autonomía de gestión. Mientras la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMVC) impuso mantener ciertas condiciones comerciales, el Ejecutivo de Pedro Sánchez fuerza a mantenerlas todas porque deben seguir siendo dos bancos independientes.
El ministro de Ecomomía, Carlos Cuerpo, justificó estas condiciones extra impuestas al BBVA en la protección de las plantillas, la cohesión territorial, la obra social de las fundaciones y la financiación y el crédito, en particular a pymes. Cuerpo matizó que la petición de fusión entre ambas entidades sólo podría solicitarse una vez cumplida la condición impuesta hoy por el Consejo de Ministros que es la de mantenimiento de la independencia de ambas entidades durante tres años ampliables a cinco.
“La condición es proporcional y equilibrada”, declaró Cuerpo a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “No se obstaculiza que el procedimiento siga su curso”, añadió el ministro. En realidad, lo que hizo ayer el Gobierno es aplicar una moratoria de la fusión de hasta cinco años.
Para el BBVA tiene dos consecuencias directas que debe analizar con detenimiento. La primera es que es dudoso que existan sinergias con la operación en este periodo ya que debe mantenerse la independencia jurídica, patrimonial y de gestión. La decisión del Gobierno además, dificulta el despido de trabajadores y el cierre de oficinas, habituales en estos procesos de concentración. La segunda consecuencia viene por la necesidad de disponer de más recursos en forma de capital para mantener la participación en otra entidad financiera.
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Precisamente, ayer tras conocerse la noticia, el banco catalán reclamó al BBVA que, conocida la decisión del Gobierno, proporcione “información sobre el impacto de estas condiciones, tanto en las sinergias esperadas como en su capacidad de retribuir al accionista en el futuro”. A juicio del Sabadell, “dicha información es relevante para nuestros accionistas”.
El BBVA no hizo comentario alguno durante el día de ayer, mientras analiza el impacto de la decisión del Gobierno.
De la implicación concreta que tendrá la decisión del Gobierno, destaca la obligación de mantener vigentes y operativos de forma completamente autónoma, los comités de crédito del Banc Sabadell durante un periodo que podría llegar a ser de hasta cinco años. La medida, como adelantó ayer La Vanguardia , pretende garantizar la fluidez del crédito, no solo para las pymes, si no para el conjunto de la economía.
En cuanto a las plantillas y las oficinas, el ministro Cuerpo entiende que deberán mantenerse tal como están en la actualidad, con la idea de dar continuidad al proyecto en ambos casos. Sin embargo, recalcó que todas las decisiones, también las que afectan al empleo y las oficinas, deberán ser tomadas por los consejos autónomos de manera independiente, siempre en aras del interés general y de la maximización de valor. De este modo, las entidades tendrían capacidades de recorte si se produjeran circunstancias ajenas a la fusión (como una crisis general en el sector bancario).
El ministro no dejó claro qué sucederá con la integración de las plataformas tecnológicas de ambas entidades y repitió que las decisiones deberán ser tomadas de manera autónoma por cada entidad en aras del interés general y la protección de los consumidores.
Cuerpo señaló ayer que es posible que en caso de que saliera adelante la opa y el BBVA fuera el propietario del Sabadell se cambiara completamente la dirección de la entidad y el consejo de administración. Pero, obviamente deberían garantizar la independencia.
El acuerdo del Consejo de Ministros está respaldado por el informe de 25 páginas en el que se destaca que la exposición del sector de pymes es 19 puntos superior en el caso del Sabadell que en el BBVA. Y se añade que en casos de fusiones anteriores, como el de Bankia-CaixaBank y en Unicaja-Liberbank, siempre se redujo la exposición al negocio de pymes en la nueva entidad resultante. En el informe, el Gobierno da cuenta de la importante reducción de empleo que se dio en anteriores fusiones.
En la rueda de prensa telemática en el marco del Curso de la APIE en Santander, el ministro Cuerpo dijo que, en aras de respetar la proporcionalidad, el periodo de tres años más dos es improrrogable, por lo que pasados estos cinco ejercicios si el BBVA lo plantea, el Gobierno de turno en aquel momento debería validar o no la fusión.
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Durante su intervención, Cuerpo también especificó que, una vez transcurridos los primeros tres años, el BBVA deberá presentar dos informes al Gobierno. En el primero, deberá justificar que durante los tres primeros ejercicios ha cumplido con el mandato de la gestión autónoma en aras del interés general, y en el segundo, le tocará explicar cómo van a verse afectados los criterios de interés general tras la fusión de ambas entidades. El ministro Cuerpo no especificó qué capacidades de sanción o de actuación tiene el Gobierno en el caso de que el BBVA incumpla durante estos años los compromisos.
