Al Portugal que, como escribió el poeta Luís de Camões en Los Lusíades, presume de no haber podido descubrir más partes de la Tierra porque no las había, se le atraganta su relación con el resto del mundo. La explosiva subida de la población extranjera en el pasado lustro, la mayor de Europa occidental, no coincidió con una intensa bonanza económica, como en la España del ladrillo, sino con una fase de carestía, sobre todo de la vivienda, en una coyuntura global de alza de la extrema derecha y declive de la izquierda. Así, de súbito, los ultras van imponiendo su agenda de mano dura que vincula inmigración y delincuencia.
Hasta que en las elecciones de mayo Chega, el partido de André Ventura, se convirtió en la segunda fuerza parlamentaria, el Gobierno del conservador Luís Montenegro se negaba a establecer ese nexo, si bien ya había dado un giro sobre la posición de su partido. Y el nuevo rol institucional de Chega, liderado por el hábil André Ventura, llevó al Gobierno a estrenarse el lunes, en su primer consejo de ministros de la legislatura, con un duro paquete migratorio que incluye la retirada de la nacionalidad a los naturalizados condenados a penas de al menos cinco años de cárcel.
En precampaña de las municipales, Chega lleva al Gobierno a empezar a vincular inmigración y delincuencia
En el Portugal de hace cinco semanas esa medida sería considerada políticamente incorrecta. Cuando Ventura la presentó en el Parlamento en el 2020 no fue ni admitida a trámite por inconstitucional. Solo él se escandalizó. Ahora, cuando el Gobierno la ha incluido en un proyecto de ley, parte del Partido Socialista (PS) se muestra tibia, solo se escuchan voces de seria alarma a su izquierda y empiezan a proliferar los comentaristas que se muestran comprensivos o la apoyan.
El cambio de paradigma lo evidenció el lunes el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, cuando al explicar el paquete de reformas migratorias, resaltó que en materia de reagrupamiento familiar, el Gobierno fue lo más lejos que permiten las normas de la UE. Hasta ahora, los inmigrantes regularizados podían llamar a sus parientes o iniciar los trámites para legalizarlos si estaban en Portugal, para lo que últimamente era frecuente tener que acudir a los tribunales. Con la nueva legislación que impulsa Montenegro, este modelo seguirá vigente para los hijos menores, mientras que para los cónyuges la solicitud solo podrá hacerse dos años después, desde el extranjero y a expensas del laberinto burocrático luso.
Tras un frenesí de recientes reformas, en este momento un extranjero puede adquirir la nacionalidad portuguesa tras cinco años de residencia. El Gobierno quiere elevarlo a diez, como ocurre en España, en la que el plazo se reduce a dos para los nacionales de las antiguas posesiones. En cambio, el Gobierno luso propone que los inmigrantes de las excolonias tengan que esperar siete años para acceder a la nacionalidad.
Esta medida afecta al tradicional principal grupo extranjero, el de los brasileños, protagonistas también de la última oleada migratoria, que sin embargo se caracteriza por la diversidad, con una fuerte alza de los llegados desde Bangladesh, India o Nepal. Según Eurostat, Portugal registró entre el 2019 y el 2024 la tercera mayor subida porcentual de la población extranjera, solo superada, de largo, por Lituania y Croacia, países que no alcanzan el 5% de foráneos, mientras de acuerdo con estos datos Portugal ya estaba en el 10%. En realidad son cifras superadas por las oficiales lusas que sitúan el porcentaje en el 15%.
El Banco de Portugal sostiene que la escalada se produjo cuando la envejecida y menguante población autóctona ya no podía responder a las demandas del mercado de trabajo, lo que está convirtiendo a los extranjeros en la principal mano de obra en la agricultura y la pesca y con un peso muy relevante en la hostelería, construcción, industria y servicios. Hasta que fue eliminado por el Gobierno conservador, en la etapa socialista había un sistema muy flexible para legalizar a los inmigrantes, mientras, tras una muerte por torturas, se había suprimido la policía específica de fronteras. Ahora el Gobierno quiere crearlo de nuevo y anuncia internamientos y expulsiones.
Son respuestas al mayor cambio demográfico del Portugal democrático, a un clima de opinión pública cada vez más sensible y a la coyuntura de las municipales del otoño. Los ultras aspiran a conseguir sus primeras alcaldías donde hay más extranjeros. Montenegro da un paso al frente en la línea dura. Ventura pide más.
