Cada 27 de junio tenemos la oportunidad de recordar una realidad a menudo invisibilizada o incluso cuestionada: sin empresarios no hay empleo, no hay actividad económica, no hay bienestar posible. El empresario y la empresaria son motores del progreso económico y social, asumiendo riesgos, innovando, generando puestos de trabajo y manteniendo vivo el tejido productivo del país. Las empresas catalanas generamos más del 80% de la ocupación privada y representamos cerca del 87% del valor añadido bruto de la economía. Sin empresa no hay red de seguridad social, somos la columna vertebral de la sociedad. Permítanme citar al añorado Isak Andic cuando dijo que “la empresa debe ser útil a la sociedad. Si no lo es, no tiene sentido su existencia”.
Estamos obligados a reivindicar, sino a exigir, respeto por la figura del empresario. Con orgullo y con determinación digamos que somos empresarios. Porque sin empresa no hay progreso. Por eso, el día del Empresario –conmemoración auspiciada por Foment del Treball, dicho sea de paso– no es solo un reconocimiento, es también un acto de justicia. Y es una buena ocasión para poner en valor uno de los grandes logros de nuestra democracia: el diálogo social. Ese espacio de encuentro entre gobierno, sindicatos y patronales ha sido —y debe seguir siendo— una herramienta fundamental para la estabilidad, la cohesión social y la modernización del mercado laboral.

David Zorrakino
Gracias al diálogo social se han alcanzado reformas importantes, se han mejorado condiciones laborales y se han garantizado derechos sin poner en peligro la viabilidad de las empresas. Y todo ello ha sido posible porque existía confianza y respeto por la autonomía de los agentes sociales: patronales y sindicatos, y también el Gobierno. Ha funcionado, funciona. No se puede construir un futuro compartido si se rompe ese equilibrio para saciar los intereses de algunos.
Por eso, nos preocupa profundamente la intención del Gobierno de imponer por vía legislativa una reducción de la jornada laboral sin consenso con los agentes sociales. Pretender regular por decreto una cuestión tan sensible, sin tener en cuenta la diversidad de sectores ni la realidad de miles de pymes, es un grave error. Supone debilitar el diálogo social y la negociación colectiva, que son los mejores instrumentos de justicia laboral y eficacia económica. Esperemos que no siga adelante y se siga confiando en la negociación colectiva.
La jornada laboral, como tantos otros aspectos de las relaciones laborales, no puede uniformarse desde un despacho. Debe adaptarse a las particularidades de cada actividad, con datos objetivos y con acuerdos construidos desde la responsabilidad compartida.
En un contexto económico global lleno de desafíos —transformación digital, sostenibilidad, nuevas formas de empleo— lo último que necesitamos son decisiones ideológicas y gestos unilaterales. Lo que hace falta es consenso, escucha y visión a largo plazo.
El 27 de junio no es solo un homenaje a quienes emprenden, es también un recordatorio de que la democracia económica se construye con diálogo, no con imposiciones. Los empresarios no pedimos privilegios. Pedimos respeto, seguridad jurídica y ser parte de las decisiones que afectan al presente y al futuro de nuestro país. La economía es una actividad humana flexible y viva demasiado importante como para gobernarla sin contar con quienes la hacen posible.