El Gobierno ha vuelto a comprobar que el Partido Popular no dejará a un lado su intención de boicotear la distribución entre comunidades autónomas de los menores inmigrantes que permanecen en Canarias, fruto de la crisis migratoria que sigue sufriendo el archipiélago. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que había convocado en la mañana de este viernes a los consejeros autonómicos del ramo en la Conferencia Sectorial, ha lamentado al término de la reunión que las regiones populares han acudido sin ninguna aportación al reglamento que regulará la distribución. “Han venido con las manos vacías, más que con palos para poner en las ruedas”, ha criticado la titular de Juventud e Infancia, quien ha avanzado que una vez informadas las autonomías, el plan sigue su curso: el Gobierno aprobará próximamente la letra pequeña sobre cómo se llevarán a cabo los traslados que previsiblemente comenzarán en agosto. Además, ha informado que la financiación no podrá ser un impedimento, puesto que el Estado asumirá el coste de la distribución.
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia, teniendo en cuenta los precedentes, esperaban poco de la Conferencia Sectorial, máximo órgano de interlocución entre el Gobierno y las comunidades en este ámbito. La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería —que establece una distribución obligatoria entre comunidades cuando una de ellas declare la situación de contingencia migratoria extraordinaria— otorga a la Conferencia Sectorial el poder de modificar el proceso de distribución, siempre que exista unanimidad en la medida. Algo que, a día de hoy, es imposible con las comunidades del Partido Popular en píe de guerra. De esta forma, la reunión tenía más carácter informativo, puesto que si no se aprueba ningún cambio todo sigue adelante como prevé la reforma legislativa que fue convalidada en el Congreso de los Diputados con la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez.
La intención, como ha avanzado Rego, es tener todo listo para aprobar los pormenores del mecanismo de distribución en los Consejos de Ministros próximos, antes del parón veraniego. El tiempo apremia, como alertan desde el Gobierno canario de Fernando Clavijo, pues septiembre —mes en el que previsiblemente la llegada de cayucos se aceleren debido a la buena climatología del último cuatrimestre del año— está a la vuelta de la esquina: es urgente resolver el hacinamiento de menores migrantes, que mantienen colapsado el sistema de acogida autonómico. La ministra ha insistido que se empezarán este mismo verano, para instantes después concretar en el mes de agosto tras ser preguntada por los periodistas. No obstante, tampoco ha descartado retrasos debido al reto mayúsculo al que se enfrenta el Gobierno.
En la reunión lo que sí se ha aprobado ha sido el reparto de 22 millones de euros a las comunidades autónomas que actualmente cuentan con sobreocupación; esto es que tienen bajo su paragüas de acogida a más menores migrantes sin amparo familiar de los que les correspondería según los habitantes de la región. Estas son: Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Durante el encuentro, varias comunidades han manifestado su preocupación por la financiación, por lo que Rego ha aclarado que “todos” los traslados van a ser financiados por el Estado. Sin embargo, esta cuestión se abordará en una próxima Conferencia Sectorial que se celebrará, según los planes de Juventud e Infancia, durante el mes de julio. En esa próxima cita el Gobierno espera, ya sí que sí, entregar a las regiones la tabla con el número de menores que cada una deberá acoger.
