El sistema sanitario sigue hoy financiando en nuestro país lo que arrastran las inercias del pasado, acumulando coyunturalmente algunas nuevas prestaciones de un modo poco ordenado. Crece así la financiación pública y privada del gasto sanitario. La primera, a menudo de modo tácito, casi extrapresupuestariamente, por la vía fáctica del imperativo de las necesidades de cada momento. La financiación privada crece como reacción a las calidades percibidas por los ciudadanos en cuanto a las prestaciones públicas y a la capacidad de pago de las familias. Se instala la idea de que el sistema público, con colas incluidas, prevalece como derecho ciudadano en la esfera de tratamientos complejos, y que el privado tiene su rol en la aceleración de los diagnósticos. El privado sigue al público a la vista de los costes de oportunidad de acceder a los servicios, centrándose en la tecnología diagnóstica. Esta se ha abaratado y mantiene el glamur de un equipamiento sofisticado de capacidad resolutoria más inmediata. Dicha capacidad resulta decisiva para eliminar incertidumbres y, en su caso, poder ya entrar en las colas de los tratamientos públicos, obviando la lista de espera diagnóstica anterior. Una forma de inequidad sanitaria mucho menos percibida por los analistas de lo público y que va más allá de la preocupación por el copago farmacéutico u hotelero.
De la financiación pública sabemos que el gasto social exhibe una importante elasticidad renta positiva, superior a la unidad. Por ello, una comparación de niveles de gasto entre países o comunidades que no ajuste por PIB resulta engañosa. Este es el drama de la insuficiencia financiera catalana no reconocida en la financiación autonómica ni en las capacidades fiscales del país. En lo que atañe a la financiación privada, creciente también según tramos de renta individuales, resulta decisivo identificar si se destina a prestaciones concurrentes a las públicas o no. En cada caso, las valoraciones de equidad difieren: una baja calidad del servicio supone un supuesto distinto a la exclusión completa de una prestación. En un caso se refiere a cómo el responsable público valora la eficiencia objetivable de la prestación, en su inclusión en el catálogo. La exclusión por alto coste respecto a un servicio tiene, sin embargo, otra naturaleza: define el máximo de la disposición social a pagar y no deja de acabar siendo un copago del 100%, del que no se sigue rastro para juzgar su inequidad.
De fondo
Sin gobernanza clara, la financiación sanitaria se expande por inercias y urgencias, sin resolver las desigualdades
Es evidente en el contexto actual la dificultad de alinear en el sector sanitario intereses comunes, a la vista de la racionalidad de comportamiento de ciudadanos, contribuyentes, pacientes, profesionales, industria y políticos. Ello plantea la complejidad de cualquier cambio, a la vista de la reacción de los agentes participantes en el sistema sanitario, empoderados a partir de lo que cada uno interpreta son sus derechos, marcando los límites de lo aceptable a falta de una verdadera gobernanza del sistema. Como resultado, el clamor en favor de una mayor financiación sanitaria es el único elemento de acuerdo.
