Una semana después de las condiciones que aprobó el Consejo de Ministros para autorizar la opa del BBVA al Banc Sabadell, y dos días después de que la entidad vasca decidiera continuar adelante con la operación, el Parlament de Catalunya ha vuelto a expresar su rechazo este miércoles a dicho movimiento. Lo ha hecho a través de una propuesta de resolución de Esquerra Republicana en la que se insta al Ejecutivo a denegar esta opa. La iniciativa parlamentaria ha recibido luz verde con el apoyo de Junts, los republicanos, Comuns, la CUP y Aliança Catalana; el PSC se ha abstenido y el PP y Vox han votado en contra.
Concretamente, el texto reclama al Gobierno frenar dicha opa “en aras del interés general y con la finalidad de velar por el equilibrio económico territorial que el Estado tiene que garantizar y preservando una política de estabilidad ocupacional”.
La propuesta de ERC se registró el pasado 7 de mayo, poco después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) autorizara la operación. En ese periodo el Gobierno anunció una consulta pública, pasos que dio antes de formalizar su decisión el 24 de junio. Precisamente los populares y la extrema derecha han pedido al grupo republicano que retirara la propuesta de resolución, habida cuenta que es “extemporánea” porque el Ejecutivo ya ha acordado las condiciones que impone para permitir la opa.
Hace casi un mes -el 5 de junio-, la Cámara catalana había validado una moción de ERC en esta línea y exigía al Govern a “activar todas las acciones políticas, institucionales y legales necesarias ante el Gobierno para expresar de forma contundente e inequívoca el rechazo de la Generalitat” a la opa. En esa iniciativa, el PSC votó a favor.
Sin embargo, hoy se ha abstenido por estar de acuerdo con el “qué” del texto de la propuesta de resolución -es decir, “en contra de la concentración bancaria”-, pero no con el “cómo”. El diputado socialista Jordi Riba ha querido señalar que la legislación europea y española impide al Gobierno “no puede denegar discrecionalmente” operaciones de este tipo: “Es legalmente inviable, puede establecer condiciones -que es lo que se ha hecho-, pero decir lo contrario es generar falsas expectativas”.
Por su parte, la portavoz de Esquerra, Ester Capella, ha calificado de “decepcionante” el acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros sobre la opa porque simplemente “la pospone” tres o cinco años y es una “mera moratoria”. Capella ha rechazado la operación porque “no ganan ni los trabajadores, ni la ciudadanía, ni la competitividad ni el tejido económico”.
Desde Junts, Jaume Giró ha lamentado el “desconcierto y estupefacción” que le genera la opa. Tras la resolución del Gobierno, el exconseller ha expuesto que “el interés de los ciudadanos sobre la política está bajo mínimos y la consideración que queda sobre los políticos, también”. Giró ha advertido que “el primer perjudicado” de la operación será “el ciudadano” y ha criticado el “empobrecimiento progresivo del panorama bancario catalán”. “Hoy las reglas del juego no las dicta ni el público ni la competencia, son los consejos de administración de los cuatro grandes bancos. Se impone la lógica de la concentración y esto es un nuevo escalón hacia el oligopolio”, ha añadido.
Àngels Esteller, del PP, ha indicado que su partido apuesta por la “pluralidad bancaria” y que “la competitividad es la clave para que haya unas mejores condiciones y prestaciones de los servicios financieros”. No obstante, los populares llaman a “respetar los procedimientos” y “cumplir las leyes”. Para Esteller es un error llevar estos casos al Parlament porque “no es oportuno politizarlo” ni los diputados cuentan con la “documentación técnica” para hacer sus valoraciones. Javier Ramírez, parlamentario de Vox, ha sostenido que la propuesta de resolución es “un circo” y ha considerado que “no hay que hacer política con esto porque no es competencia” de la cámara legislativa.
Los Comuns han sacado pecho de la decisión que adoptó el Gobierno. David Cid ha afirmado que las condiciones impuestas “dan aire” al Sabadell y “dificultan enormemente” el éxito de la opa. Como el PSC, Cid ha indicado que “no se puede vetar la operación a la brava” y que la manera de actuar era fijando las condiciones establecidas. Laure Vega (CUP) ha mostrado la negativa de los anticapitalistas a la concentración bancaria por suponer “menos democracia”, pero ha pedido “avanzar” hacia nacionalizaciones de la banca. Finalmente, Sílvia Orriols (Aliança Catalana) ha cargado contra la opa porque “el derecho de las pimes está en riesgo y no beneficia en nada a la sociedad catalana”. “Cuando un banco crece, mengua el derecho de los usuarios”, ha señalado.
