La ley de Cambres ultima la fase final de tramitación. La normativa, que debe regular las 13 cámaras catalanas, entrará como proposición de ley en el Parlament hoy. El texto nace de la propuesta inicial del Consell de Cambres de Catalunya que, para evitar el fracaso de otras ocasiones, busco el máximo consenso con agentes sociales y partidos políticos. En los últimos meses, el proyecto de ley ha sido refinado por el Departament d’Empresa i Treball, el órgano tutelar de estas instituciones, aunque la propuesta la presentará los grupos parlamentarios del PSC, Junts, ERC y PP.
La normativa incluye por primera vez la posibilidad de que las cámaras actúen como órganos consultivos y de colaboración con las administraciones públicas. Las cámaras ostentan la representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación.
Estas funciones de representación se materializarán principalmente mediante las comisiones consultivas y grupos de trabajo internos que informan a los órganos de gobierno, estudios de mercado, propuestas de modificación de normativas o la participación en algunas entidades concretas. En ningún caso, la norma quiere entrar en cuestiones de representatividad empresarial, punto que en el pasado levantó ampollas con las patronales catalanas, Foment del Treball i Pimec.
La ley propone desarrollar las función de representación, defensa y promoción de las empresas, así como la prestación de los servicios. Entre otras medidas, sobresale la creación de planes camerales para apoyar a las empresas y autónomos mediante una colaboración con las administraciones. De esta forma se quiere acercar el sector público a las necesidades reales que tiene el tejido empresarial.
Por otra parte, la normativa establece un convenio de financiación por un importe máximo de 15 millones de euros para los años 2026, 2027 y 2028.
