Un juez federal de distrito de New Hampshire, Joseph Laplante, ha vuelto a suspender a nivel nacional la orden ejecutiva con la que Donald Trump eliminó en su primer día de mandato el derecho a la ciudadanía por nacimiento. La orden del magistrado evita los límites impuestos por el fallo que emitió hace dos semanas el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en el que, en otro caso relativo a este decreto, limitó el poder de los jueces de distrito de bloquear a escala federal, más allá de su jurisdicción, las medidas ilegales del presidente.
Para cumplir con el fallo de la máxima instancia judicial, el juez ha permitido el uso de una demanda colectiva, que es prácticamente la única vía que dejó el Supremo para frenar las políticas presidenciales en todo el país. La nueva denuncia fue interpuesta por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una organización en defensa de los derechos humanos, apenas unas horas después del fallo del alto tribunal. La mayoría conservadora, que emitió su sentencia el 27 de junio, aplazó un mes su entrada en vigor para que se pudieran presentar nuevos desafíos legales, por lo que a la práctica no ha llegado a eliminarse el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
A su vez, este jueves el juez Laplante ha indicado que suspenderá su orden una semana para dar tiempo a la Administración Trump para presentar una apelación. El mismo magistrado ya había bloqueado de forma indefinida la misma orden, pero solo en respuesta a demandas individuales, y no a una demanda colectiva, que es la vía que permitió el Supremo para el bloqueo de órdenes ejecutivas a nivel nacional.
Durante una audiencia en New Hampshire, el juez ha insistido en los mismos argumentos que dio entonces y que han dado los magistrados que han bloqueado el mismo decreto en 22 estados del país: que la orden de Trump viola la 14ª Enmienda de la Constitución, que permite a los hijos de inmigrantes en situación irregular obtener de forma automática la ciudadanía por el hecho de haber nacido en el país, lo que después da argumentos a sus padres para regularizar también su situación.
“La orden preliminar no deja lugar a dudas para este tribunal”, ha asegurado Laplante durante la audiencia. “La privación de la ciudadanía estadounidense y un cambio abrupto en una política de larga tradición… eso produce un daño irreparable”, ha añadido, señalando que la enmienda se promulgó hace más de 150 años.
Joseph Laplante, juez federal de New Hampshire
“La privación de la ciudadanía y un cambio abrupto en una política de larga tradición produce un daño irreparable”
De aplicarse, la orden ejecutiva de Trump afectaría al menos a unos 153.000 hijos de indocumentados que nacen cada año en el país. Su derecho a la ciudadanía fue establecido en 1868, con la promulgación de la decimocuarta enmienda, que establece en su Sección 1 que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”.
Trump interpretó a su manera esta cláusula al considerar que, como los padres están en el país ilegalmente, no están “sujetos a la jurisdicción” del gobierno de EE.UU., y por tanto sus hijos no merecen la ciudadanía. Sin embargo, todo el precedente legal en los últimos 150 años ha interpretado que la enmienda aplica a “todos” los bebés nacidos en el país.
“Ningún tribunal del país ha coincidido con la Administración en la cuestión constitucional de fondo. Todos han dicho que esta orden es inconstitucional, y por eso esperamos ganar”, ha subrayado Cody Wofsy, el abogado de la ACLU que impulsó los casos de New Hampshire. “La cuestión del jueves es puramente procesal: ¿cómo nos aseguramos de que cada niño esté protegido?”
La suspensión servirá de ejemplo a otros jueces que hayan visto anuladas sus órdenes por el fallo del Supremo
La decisión del juez Laplante, designado por el expresidente republicano George W. Bush, puede convertirse en el ejemplo a seguir de otros jueces de distrito, cuyos bloqueos de las órdenes ejecutivas de Trump quedaron en papel mojado tras la sentencia del Supremo. Las demandas colectivas requieren “representantes de la clase”, personas que actúan en nombre del grupo. En este caso, los representantes han sido una solicitante de asilo hondureña, que dará a luz en octubre, y otro brasileño, cuyo hijo nació en marzo.
Los abogados han escrito que, si la orden de Trump se mantiene, “esos niños enfrentarán numerosos obstáculos para vivir en Estados Unidos, como estigmatización y posible apatridia; pérdida del derecho al voto, a formar parte de jurados federales y ocupar cargos públicos; inhabilitación para programas federales; y posible arresto, detención y deportación a países que quizás ni siquiera conocen”.
Es previsible que el departamento de Justicia de Trump presente una apelación a este caso, que, como ocurrió con las anteriores sentencias sobre el decreto, podría terminar de nuevo en el Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
