“Acaba con el derecho universal de acceso a la electricidad”. “No se puede atender a la demanda eléctrica”. “Va a dejar la red eléctrica igual de precaria que la de los trenes”. Estos y otros muchos mensajes negativos son los que trasladan las grandes eléctricas cuando se les pregunta por la nueva propuesta de retribución financiera para las inversiones en redes eléctricas de cara al periodo 2026-2031, que sacó a consulta la CNMC el 10 de julio.
Son muchos los puntos de la propuesta del regulador que disgustan a las grandes eléctricas, dispuestas a llegar también en este caso a los tribunales si el regulador de los mercados no recoge las enmiendas al texto que presentarán antes del 4 de agosto.
El primero y “el que no se admite de ninguna de las maneras, es la tasa fijada para remunerar la inversión en redes”. El texto que ha sacado a consulta la CNMC plantea una retribución financiera del 6,5%. Nominalmente está por encima de 5,58% actual, pero lejos del 7,5% que las eléctricas calculan que necesitan para ejecutar las inversiones necesarias para cubrir la demanda futura. “Si se compara con la remuneración que realizan otros países la realidad es que esta cuantía supone una bajada de la remuneración. Porque el diferencial entre la remuneración y el bono a 10 años en el caso español queda en 320 puntos, frente a un promedio en Europa de 531 puntos. El 7,5% suponía un diferencial de 420 puntos, todavía por debajo de la media pero no tanto”, apuntan las fuentes del sector consultadas.
Más allá de la cuantía concreta, el disgusto se traslada a la metodología de cálculo. La remuneración está ligada a un cálculo de costes de inversión basado en el coste medio de conexión por cliente del año 2018, que nada tiene que ver con el actual. “Eso va a suponer que en zonas rurales en las que hasta ahora no se ha invertido, no saldrá rentable invertir. Diremos que no a clientes y eso va a repercutir, entre otras cosas, frenando la electrificación de la industria, sobre todo la mediana, a la que empresas grandes les exigen cada vez más objetivos de descarbonización”, advierten las compañías.
Otro de los puntos que será objeto de alegaciones será el tratamiento de las inversiones a futuro, que consideran muy desincentivador. La cuantía de dinero en juego que implica este cambio normativo es de tal calibre que las compañías no descartan jugar la baza de retirar la demanda interpuesta en los juzgados por el incremento de la tasa Enresa si el Gobierno consigue convencer a la CNMC de una remuneración más cercana a lo que consideran necesario.
