El sector de las renovables está indignado con el bloqueo parlamentario del miércoles del decreto que pretendía agilizar la tramitación de estas instalaciones. Las diferentes organizaciones empresariales advierten de que la emergencia climática en Catalunya no espera y lamentan el tacticismo político. La oposición por parte de ERC y Junts a esta votación –que fue retirada por falta de apoyos– ha llegado justo después del ruido de las negociaciones por la financiación singular. El decreto dejará de tener vigencia el lunes, y el sector mira ya a septiembre para relanzarlo.
La medida más destacada era la regulación para las baterías eléctricas. Actualmente, Catalunya tiene cerca de 4.000 MW en proyectos con esta tecnología con derecho de acceso y conexión que ahora quedan en el limbo. “Volvemos a una situación de inseguridad jurídica que lastrará el desarrollo de estas tecnologías”, lamenta Jaume Morron, de la consultora dialEc. El sector considera que este tema es crítico porque, tras el apagón del pasado 28 de abril, ha quedado demostrada la necesidad imperante de incorporar estas instalaciones a la red eléctrica.
El decreto también recogía diferentes medidas que deberían acelerar la implantación de energía fotovoltaica y eólica en Catalunya, como la declaración de interés público superior. “Es un decreto muy técnico y muy poco controvertido. Su bloqueo es una noticia triste porque nos hace falta acelerar la implantación de fotovoltaica y eólica”, lamenta el portavoz de EolicCat y presidente del Observatori d’Energies Renovables de Catalunya (OberCat), Víctor Cusí.
Catalunya cuenta con 3.723 MW de potencia instalada entre eólica, hidráulica y fotovoltaica. Para alcanzar los objetivos de 2030 fijados por el Proencat, la hoja de ruta de la Generalitat, Catalunya debería multiplicar por cinco su potencia instalada. En 2024, apenas se incrementó la capacidad en 80 MW. “Parece una misión imposible, pero Países Bajos logró duplicar su capacidad instalada en cinco años”, añade.
La regulación del proceso administrativo de las baterías eléctricas queda en el limbo
La Asociación Renovem-nos apuntó ayer otro medida destacada: el decreto ampliaba de 100 KW a 500 KW el umbral para que las empresas industriales y las cooperativas pudiesen acogerse al régimen de declaración previa. “Esta medida habría desbloqueado cientos de proyectos de autoconsumo compartido en naves industriales, cooperativas y comunidades energéticas al ahorrar una farragosa tramitación administrativa previa que a menudo tarda años en resolverse”, señalaron.
Otro aspecto clave es el decreto también permitía la transmisión de autorizaciones de empresas que se han quedado sin financiación a otras compañías que pretenden retomar el proyecto. Renovem-nos estima que hay unos 800 MW en esta situación
