Sin sorpresas en Bruselas. Como estaba previsto, los ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete han vuelto a posponer la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego después de que varios países manifestaran que todavía tienen reticencias sobre el encaje financiero y jurídico de la propuesta española. Al igual que sucedió en el último intento, a finales de mayo, la cuestión se ha quedado en una discusión de menos de una hora en la reunión de Consejo de Asuntos Generales de la UE y no se ha llegado a votar ante la falta de consenso.
“Todavía quedan muchas inquietudes sobre el tema de las lenguas españolas debido a cuestiones presupuestarias y legales. Los servicios legales del Consejo han explicado a situación, y está claro que siguen existiendo preocupaciones en el ámbito legal”, ha explicado la ministra danesa de Asuntos Europeos, Marie Bjerre, después de la reunión. La discusión, según fuentes internas, ha llegado a momentos de cierta tensión cuando ha hablado el ministro de Alemania, uno de los países que más se oponen a la oficialidad.
Era algo con lo que España ya contaba al no tener la unanimidad ligada, pero la estrategia española era incluir este punto en el orden del día para confrontar directamente a estos países reticentes sobre las inquietudes que manifiestan tener. Fuentes cercanas al dossier consideran que se escudan en estas aclaraciones por motivos políticos, ya que muchos de estos países están gobernados por ejecutivos conservadores.
Es el caso de Alemania, República Checa, Suecia, Italia, Austria, Croacia, Finlandia o Polonia. La siempre diplomática Francia no se opone directamente, pero tampoco tiene ganas de enfrentar a esta votación. De forma abierta, lo apoyan Hungría, Bélgica, Portugal, Eslovenia, Chipre, Estonia, Irlanda, Dinamarca o Malta. En la reunión de hoy, más de la mitad de los países miembros han tomado la palabra en ambas direcciones.
El argumento de la negativa
“Mientras no haya una propuesta sobre la mesa con la que se aclaren las cuestiones jurídicas y financieras no se puede dar ningún consentimiento”, advierte la titular austriaca
Los países escépticos son prácticamente los mismos que en la última ocasión, cuando, según la versión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, fueron siete los que quedaban por convencer. Otras fuentes diplomáticas contaban una decena de contrarios. En cualquier caso, como se requiere la unanimidad, basta con que un Estado miembro se oponga para bloquear el asunto.
“Hay muchas preocupaciones sobre este asunto entre los Estados miembros y creo que hay ciertas preocupaciones legales”, apuntó el ministro de Asuntos Europeos de Polonia, Adam Szlapka, que hasta hace poco organizaba estas reuniones ya que su país ostentó hasta junio la presidencia de turno del Consejo de la UE.
Argumentos similares esgrimieron los ministros de Finlandia, Francia o Austria. “Mientras no haya una propuesta sobre la mesa con la que se aclaren las cuestiones jurídicas y financieras no se puede dar ningún consentimiento”, ha advertido a los periodistas la titular austriaca, Claudia Plakolm. Fuentes diplomáticas explican que este tipo de argumentos usados delante de la prensa se han repetido también durante la reunión.
“Entiendo completamente que para los españoles y el multilingüismo las tradiciones son muy importantes, pero realmente no es el momento adecuado”, ha opinado el exprimer ministro luxemburgués Xavier Bettel. El ahora ministro de Exteriores, que proviene de un país multilingüe en el que se habla luxemburgués, francés y alemán, ha sido duro en su negativa. “Hemos necesitado días para acordar las sanciones (a Rusia), todavía no somos capaces de tener decisiones sobre Israel y tener un alto el fuego en Palestina, ¿pero aprobamos el gallego, el euskera y el catalán?”, ha lanzado, retóricamente.
El secretairo de Estado de la UE, Fernando Sampedro, atiende a los medios antes de la reunión
Sin embargo, el secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro, el encargado de lograr esta misión en el Consejo de Asuntos Generales, considera que todas las dudas están más que aclaradas en el nuevo memorándum que envió el Ministerio de Asuntos Exteriores hace unas semanas y advierte a sus homólogos que no pueden “secuestrar” la cuestión de forma indefinida.
Sampedro, como sucedió en la pasada reunión de mayo, sostiene que para encajar la oficialidad de las tres lenguas no se requiere una revisión de los tratados europeos. Esto es lo que opinan los servicios jurídicos del Consejo de la UE –el principal argumento legal de los países contrarios–, pero para España no se trata de una opinión vinculante porque “los tratados dicen que la identidad nacional de los Estados miembros, en este caso la identidad nacional plurilingüe, deben ser respetados”.
“Veinte millones de europeos no pueden ser discriminados porque las lenguas que son oficiales en los territorios españoles en los que residen no se traten exactamente igual que las lenguas que son oficiales en otros países”, ha insistido el secretario de Estado de la UE, que es quien siempre acude a este tipo de reuniones por parte de España.
Las preocupaciones son, de un lado, financieras, porque aunque España se haya comprometido en todos los documentos a abonar el coste técnico y material que implicaría el reconocimiento de las tres lenguas, todavía hay quien teme que en el futuro otro gobierno de diferente signo político se niegue a sufragar estas partidas. La Comisión Europea estimó en un informe preliminar que sería de 132 millones de euros, un cálculo aproximado basado en las estimaciones del gaélico, la última lengua en obtener la oficialidad.
Del otro lado se encuentran estas inquietudes jurídicas. Los reticentes no tienen claro que esta opinión de los servicios jurídicos del Consejo que advierten que se deben reabrir los tratados para añadir estas tres lenguas no sea vinculante. Se trata de una cuestión extremadamente de alta sensibilidad entre los Veintisiete Estados miembros: reabrir los tratados podría ser también una caja de pandora.
