En Estados Unidos, el panorama regulatorio para las criptomonedas atraviesa un momento de intensa actividad con la propuesta de la Ley GENIUS y la Ley CLARITY. La primera fue firmada el 18 de julio por Donald Trump, marcando un hito histórico para las criptomonedas en los Estados Unidos. La segunda, CLARITY, podría ser firmada inminentemente.
Esta última, conocida como Digital Asset Market Clarity Act of 2025, es un proyecto de ley que propone una reclasificación de activos digitales como «productos digitales» (digital commodities, en inglés).
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En las últimas horas, circuló una información errónea que afirmaba que el texto de esa normativa había designado a Bitcoin, Ethereum y Cardano como «cadenas de bloques maduras» (mature blockchains, en inglés).
CriptoNoticias revisó ese documento y constató que, en ninguna sección ni artículo, se mencionan explícitamente a Bitcoin, a Ethereum, a Cardano, ni tampoco a Solana o a XRP, desmintiendo así las afirmaciones recientes.
Definiciones y requisitos para una cadena de bloques madura
Aunque la Ley CLARITY no nombra redes de criptomonedas específicas, sí aborda repetidamente el concepto “cadena de bloques madura” y establece algunos requisitos y definiciones para entender a qué se refiere.
Por ejemplo, el apartado 31 del primer título de la ley define:
“El término ‘sistema de blockchain maduro’ significa un sistema de blockchain, junto con su commodity digital relacionado, que no está controlado por ninguna persona o grupo de personas bajo control común”.
Ley CLARITY.
Esta definición subraya la importancia de la descentralización como criterio fundamental.
Adicionalmente, en el apartado «Plan de desarrollo», dentro de sección titulada «Requisitos con respecto a ciertas transacciones de commodities digitales», la ley enfatiza el rol de la gobernanza y establece condiciones necesarias para considerar a una cadena de bloques como «madura»:
“…los diversos roles que existen o se pretende que existan en relación con el sistema de blockchain, como usuarios, proveedores de servicios, desarrolladores, validadores de transacciones y participantes en la gobernanza, incluyendo una discusión sobre cualquier mecanismo mediante el cual se ejerce control o autoridad con respecto al sistema de blockchain o su commodity digital relacionado, y cualquier dependencia operativa crítica del sistema de blockchain o su commodity digital relacionado”.
Ley CLARITY.
Aquí, se destaca que la gobernanza descentralizada es un factor clave, abarcando desde usuarios hasta validadores, y considera cómo se distribuye el control.
Además, en la sección «Certificación» de «Requisitos del sistema de blockchain maduro», la ley ofrece una primera definición tentativa basada en este principio:
“Con el propósito de las secciones 4(a)(8), 4B y 4C de la Ley de Valores de 1933, cualquier emisor de commodity digital, persona relacionada con un commodity digital, persona afiliada a un commodity digital o sistema de gobernanza descentralizado del sistema de blockchain puede certificar ante la Comisión de Bolsa y Valores que el sistema de blockchain al que se relaciona un commodity digital es un sistema de blockchain maduro”.
Ley CLARITY.
Este apartado permite que actores clave, como emisores o sistemas de gobernanza, soliciten una certificación que compruebe una gobernanza descentralizada, lo que implica un proceso formal para evaluar la madurez. Esto significa que una red debe demostrar que no depende de un solo grupo para funcionar.
En esa misma línea, la ley también aclara que «un sistema de blockchain, junto con su commodity digital, no será excluido de considerarse un sistema de blockchain maduro únicamente basado en una acción funcional, administrativa, clerical o ministerial de un sistema de gobernanza descentralizado, incluyendo cualquier acción tomada por una persona actuando en nombre y bajo la dirección del sistema de gobernanza descentralizado…».
Esto indica que ciertas actividades rutinarias no descalificarán a una red, siempre que la Comisión lo apruebe, protegiendo los intereses de los inversionistas.
¿Cuáles serían entonces las “cadenas de bloques maduras”?
Esa pregunta podría responder por descarte. Algunas redes de criptomonedas parecen no cumplir con el requisito de gobernanza descentralizada e independiente de una unidad central.
Por ejemplo, Ripple controla, al menos, casi el 40% del suministro de XRP, lo que implica que esta empresa tiene un poder significativo sobre la distribución y potencial manipulación del activo, afectando la percepción de descentralización.
En un caso similar, la Fundación Ethereum (EF) es actualmente la tercera entidad con mayores tenencias de ether (ETH), habiendo sido desplazada del primer lugar hace apenas tres días, lo que sugiere una concentración de poder en el ecosistema Ethereum.
Asimismo, tanto en Ethereum como en Cardano, aunque más debatible, la influencia de la EF, así como la de Charles Hoskinson y su empresa IOHK, que impulsan la evolución de esos ecosistemas y protocolos con gran peso, impactan parcialmente la gobernanza, cuestionando su independencia total.
El caso de Bitcoin pareciera ajustarse más hacia una red realmente descentralizada. A diferencia de proyectos con entidades centrales que dirigen su desarrollo, Bitcoin opera sin una autoridad única, sino con un grupo de colaboradores. Si bien hasta hace poco Bitcoin Core, con su adopción de más del 90%, podía ser considerado un grupo que dirigía las políticas protocolares de los nodos de la red, el alzamiento de Knots como cliente alternativo de Bitcoin está reduciendo su influencia progresivamente y limitando su acción unidireccional.
Una prueba reciente de esta descentralización de Bitcoin es, pues, el conflicto entre clientes, que llevó a operadores que consideran erróneas las medidas de Bitcoin Core a migrar sus estructuras hacia Bitcoin Knots.
Debido a ello, el número de operadores de Knots ha crecido desde abril pasado, cuando apenas contaba con algunos cientos, hasta alcanzar casi 4.000 actualmente, representando más del 15% del total de nodos.
Esta transición refleja la capacidad de la red para adaptarse, reforzando su resistencia a la centralización.
De todos modos, la Ley CLARITY abre un debate sobre cómo se medirán esos criterios. La ausencia de nombres específicos deja la clasificación en manos de futuras regulaciones, un punto que podría moldear el ecosistema de los criptoactivos en los próximos años.
Lo concreto es que el proyecto de ley CLARITY, promulgado por la Cámara de Representantes del Congreso de EE. UU., aún requiere ser aprobado por el Senado y luego firmada por Donald Trump, presidente de EE. UU., quien desde que asumió su segundo mandato se mostró muy cercano a la adopción de Bitcoin y criptomonedas.
