La apertura de un procedimiento de infracción contra España por obstaculizar la opa del BBVA sobre el Sabadell no revierte las condiciones ya impuestas por el Gobierno, pero sí puede tener efecto sobre la potestad del Ministerio de Economía para autorizar o no la fusión más adelante. La ley bancaria aprobada en la etapa de Luis de Guindos como ministro de Economía queda ahora cuestionada por Bruselas.
Uno de los elementos clave del expediente de ayer es que no carga contra las decisiones ya adoptadas, sino contra las leyes que las permiten. Son dos las normas bajo lupa: la ley de Defensa de la Competencia, del 2007, y la ley de Ordenación de Entidades de Crédito, del 2014. Llevan años en vigor, pero Bruselas ha reaccionado ahora al ver el uso que el Gobierno les da. Como dijo ayer la Comisión Europea, conceden “poderes ilimitados para intervenir en fusiones de bancos”.
El proceso puede durar tres años y resolverse cuando el BBVA haya cumplido las exigencias
Según las fuentes consultadas, la reciente condición del Gobierno de que el BBVA conserve su patrimonio, personalidad jurídica y autonomía de gestión durante un máximo de cinco años no se ve revocada. Es fruto de la primera de estas dos leyes, ya usada.
Sin embargo, el Gobierno puede tener ahora más difícil echar mano de la ley del 2014, cuya disposición adicional segunda establece que el Ministerio de Economía debe autorizar las fusiones bancarias. Esta norma ha quedado ahora cuestionada por Bruselas, lo que puede reducir el margen de acción del Gobierno.
La fusión con el Sabadell es el objetivo último del BBVA, pese a que el nuevo impuesto a la banca la desincentiva durante tres años y las condiciones del Gobierno la impiden durante un periodo de hasta cinco. Un riesgo añadido es un eventual veto de Economía conforme a la ley del 2014.
El BBVA ha anunciado que seguirá adelante con la opa pese a las condiciones del Gobierno. No concreta si las recurrirá al Tribunal Supremo, pero sí precisa que retrasarán las sinergias previstas. Con la apertura del expediente, una de las incógnitas es si el BBVA solicitará ahora al Supremo medidas cautelares contra las condiciones, a la espera de resolverse el expediente de Bruselas.
Hay otras fuentes que restan importancia al procedimiento. Hay 187 expedientes abiertos contra España y la mayor parte se abandonan sin llegar al Tribunal de Justicia de la UE. Incluso en caso de quedar judicializado, el proceso completo llevaría dos o tres años. Se podría acabar imponiendo una multa a España, pero no afectaría a las condiciones del Consejo de Ministros. La resolución final coincidiría casi con la finalización del periodo de aplicación de las exigencias.
El anuncio del BBVA de que seguiría adelante con la opa puede ser usado por el Gobierno para argumentar ante Bruselas que sus condiciones son proporcionadas.
Sin embargo, la actitud del BBVA también puede ser una señal de que no quiere enredarse en decisiones pasadas. Tiene más valor ahora para el banco el cuestionamiento explícito por parte de Bruselas de la ley del 2014 y la competencia del ministro de Economía para vetar fusiones.
El Gobierno defiende que las normas cuestionadas ya se han usado en varias ocasiones, pero lo cierto es que solo dos operaciones se han elevado al Consejo de Ministros conforme a la ley del 2007 –Atresmedia-La Sexta y BBVA-Sabadell–, y de ellas tan solo en la segunda se empeoraron condiciones. De las fusiones bancarias analizadas con la ley del 2014, no hay ejemplos de bloqueo.
