
Sin noticias del Gobierno. Así están Iberdrola y Endesa tras la carta remitida el pasado 13 de junio al Ministerio de Transición Energética en la que planteaban al ejecutivo extender la vida útil de las nucleares.
Las compañías esperaban algún movimiento para desbloquear posiciones, sobre todo después de haber planteado que estaban dispuestas a asumir el coste de preparar Almaraz para esa ampliación, incluso antes de llegar a un acuerdo sobre el conjunto de plantas activas en España. Tan solo han obtenido las declaraciones públicas de la ministra para la Transición Energética, Sara Aagesen, en las que deja muy claro que no considera la misiva como una solicitud formal de revisar el calendario de cierres y, por tanto, no ve necesario que el Gobierno deba dar ningún paso.
Los empresarios creen que la situación política del PSOE puede perjudicar el proceso
“Cada vez veo más factible que llegue ese cierre. El Gobierno está en un momento muy complicado y teme abordar un tema que le puede complicar no solo la relación con sus socios, sino también con las fuerzas internas tras la última actualización de cargos en el Partido Socialista”, asegura un directivo que antes ni se planteaba el cierre.
Preocupa especialmente el poder de Cristina Narbona, nombrada secretaria general del PSOE tras el escándalo de Santos Cerdán y una de las activistas históricas contra las nucleares más acérrima. “Se junta la posición de Narbona, con los problemas internos del Gobierno y la necesidad de no enfadar a socios como Sumar y Podemos. No entienden que esa inacción va a conducir a un punto de no retorno”, aseguran directivos de las propietarias.
El cierre de Almaraz supone tumbar la primera ficha de un sistema perfectamente encajado como es el calendario de cierre de todo el sector. Quienes participaron en su diseño explican que los años fijados para cada cierre “responden a un balance entre las empresas para asumir los costes del proceso; si cerrara solo Almaraz esa estructura de costes se descompensaría”. “Catalunya –añaden– es la comunidad más afectada por esta situación y en Extremadura hay multitud de plantas renovables que podrían cubrir los 2.000 MW que produce Almaraz”. No ocurre lo mismo para Ascó I, II y para Valdellós II. Mucho menos después de que el pasado miércoles el Parlament bloqueara el decreto que debía agilizar la tramitación de instalaciones renovables en la zona en la comunidad.
“Catalunya es la comunidad más afectada por esta situación”, afirman
Solo un movimiento por alguna de las partes respecto a la carga impositiva del sector podría desbloquear la negociación. Aagesen no se cansa de repetir que la ampliación no debe suponer costes adicionales para los consumidores.
Las empresas buscan por su parte argumentos para cuadrar ese requisito. Su línea roja es eliminar el impuesto al combustible gastado, cinco euros. “No existe en ningún otro lugar del mundo”, lamentan. A ello suman el argumento del incremento del coste del kilovatio hora que supondrá el cierre nuclear que implicará un mayor uso del gas. En juego entra ahora la negociación por la remuneración de las inversiones en redes eléctricas. El 6,46% que ha propuesto la CNMC se queda corto frente al 7,5% que demandan. El pasado viernes amenazaban con retirar inversiones.
Sin ellas, es impensable cumplir los retos de electrificación que marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima(Pniec) y por tanto suplir la producción de energía nuclear por renovables, lo único que podría minimizar el uso del gas y la subida de los precios.
El sí pero no de Extremadura
El Partido Popular no para de manifestarse a favor de la ampliación de la vida útil de las nucleares. Su grupo en el Congreso presentó una proposición de ley que el Pleno de la Cámara aceptó tramitar el pasado mes de junio.
Isabel Díaz Ayuso y María Guardiola, presidentas de la Comunidad de Madrid y de la de Extremadura respectivamente, se han manifestado con gran cobertura mediática ante Almaraz para frenar su cierre. “Pero el único que ha tomado una iniciativa en favor de la ampliación ha sido Carlos Mazón, no sabemos a qué espera Guardiola”, lamentan directivos del sector eléctrico. Se refieren a la decisión de Mazón del pasado 13 de mayo de eliminar la tasa autonómica valenciana a la nuclear que suponía el pago por 14 millones de euros ligado a la central de Cofrentes. Las eléctricas consideran que Extremadura debería hacer lo mismo como medida de presión al Gobierno.