La Administración introducirá un master obligatorio de dos años para los aspirantes a funcionarios de los grupos superiores A1 y A2, que tendrán que cursar tras una prueba de acceso. El master ofertará más plazas que vacantes habrá en esos puestos de la Administración, lo que implicará que “solo se quedarán los mejores”. Los no elegidos “se irán con un título universitario de alta cualificación” para compensar los dos años de dedicación a estas plazas. El objetivo de este cambio es “atraer el talento”, afirmó el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
El Gobierno encaja este cambio en las oposiciones de los aspirantes de funcionarios de los grupos más altos, en una “revolución” de la Administración General del Estado “de un calado similar a la llegada de internet”, señaló López en la rueda de presentación de la iniciativa hoy en Madrid.
La secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, ha dicho que este “nuevo modelo de selección” tendrá el “máximo rigor” y que garantizará “la igualdad real de oportunidades”. Sin embargo, no aclaran si será para toda la Función Pública o solo para los funcionarios del Estado ni qué pasará con los que no logren su plaza, si quieren volver a presentarse.
La estrategia contará con un presupuesto de 43 millones
El ministerio plantea una estrategia holística, para el conjunto de la Administración a la que se refirió como “fábrica del Estado, encargada de producir bienes y servicios públicos”, que aproveche al máximo “el potencial de los sistemas de la inteligencia artificial y todas sus salvaguardas”. La estrategia contará con un presupuesto de 43 millones de euros. “Con proyectos como el de hoy vamos a poner en marcha la fábrica del Estado. Se trata de ver qué productos ofrece el Estado a los ciudadanos para realizar todos los procesos y facilitar su servicio”, ha indicado Óscar López, que ha recalcado la necesidad de que este ‘Consenso’ cuente con el apoyo de las comunidades autónomas.
Este nuevo sistema “ha sido consensuado, cumple con el máximo rigor y con los estándares europeos, al tiempo que está enlazado al sistema de becas del Ministerio de Educación” para garantizar la igualdad de oportunidades.
Esta estrategia permitirá también aprovechar el uso de esta tecnología para eliminar la obligación de tener que solicitar cita previa en los trámites administrativos, lo que requerirá no obstante de un cambio legal.
Asimismo, se agilizará la burocracia ofreciendo los formularios precumplimentados, gracias al sistema “SimplexEsp”, funcionando de una forma parecida al borrador de la declaración de la renta, que aparece ya relleno y que se puede modificar y confirmar.
La estrategia plantea la desaparición de la obligatoriedad de la cita previa
Además se posibilitará la creación de “oficinas todo en uno”, que centralizarán los servicios de la Administración en un mismo lugar, por ejemplo, permitiendo realizar un empadronamiento en una oficina de Correos.
En el despliegue de estos cambios, es necesaria la creación de una plataforma soberana de IA, con una dotación de 14 millones de euros y que servirá para ordenar los sistemas de gestión de datos.
La secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, ha explicado que esta estrategia es fruto del consenso en Conferencia Sectorial, en el diálogo social, con los grupos parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil, con personas expertas y con la ciudadanía.
Además, ha de contar con una evaluación previa y, posteriormente el Gobierno solicitará a la OCDE otra evaluación que elevará al Consejo de Ministros en el cuarto trimestre de 2027
