Desde la reinstauración de la democracia en España, la reforma de la Administración pública ha sido un desafío constante. A lo largo de los años, se han realizado múltiples intentos tanto en la Administración del Estado (AGE) como en las Comunidades Autónomas, pero los resultados han sido limitados.
En los últimos dos años, han surgido dos iniciativas destacadas de reforma: una en la Administración del Estado y otra en la Generalitat de Catalunya. Ambas se sustentan en planteamientos como el institucionalismo económico, corriente que estudia cómo las instituciones determinan los incentivos positivos del desarrollo económico, galardonado con el último premio Nobel de Economía. La estrategia de transformación de la Administración del Estado se lanza en marzo de 2024 con la publicación del documento marco Consenso por una Administración Abierta.
Por otro lado, la Generalitat de Catalunya inició su proceso de reforma el 8 de octubre de 2024, con un Acuerdo de Gobierno que impulsa una estrategia de transformación y de mejora de los servicios públicos. Este Acuerdo incluye un plan de choque con medidas urgentes y la creación de una comisión de expertos (CETRA) para asesorar en el proceso. La CETRA agrupa a 68 expertos que representan a instituciones públicas y académicas, a organizaciones empresariales, sindicales y del tercer sector con el objetivo de establecer propuestas de mejora con un amplio apoyo y consenso social.
Por su parte, Consenso por una Administración Abierta se ha fraguado con una participación de más de 400 personas, divididas en 18 grupos de trabajo. El documento, sometido a consulta pública, ha sido diseñado gracias a esos procesos participativos y una metodología innovadora aplicada en los laboratorios de Innovación Pública del INAP y de participación de Hazlab.
Ambos procesos de transformación comparten un enfoque pragmático y realista, alejándose de la metodología clásica que buscaba una reforma holística, integral y maximalista. En lugar de ello, se centran en cambios concretos y posibilistas que mejoren rápidamente los servicios públicos y actúen como catalizadores para transformaciones más profundas. La idea es identificar elementos de mejora que beneficien a la ciudadanía y abran la puerta a cambios estructurales. Es una evidencia empírica que la ambición de desear reformarlo todo desemboca en la incapacidad de introducir en la práctica cualquier cambio y en frustración.
La estrategia transformadora de la Administración del Estado y el proceso de reforma de la Generalitat poseen sus propias dinámicas y prioridades, pero coinciden en tres grandes ejes para lograr para una transformación estructural y sostenible. El primero es una administración de altas capacidades: es la modernización tecnológica, la adopción de la inteligencia artificial, big data y espacios de datos compartidos para mejorar la toma de decisiones y personalizar los servicios públicos, siempre garantizando la ciberseguridad y la protección de datos. Y es una gestión integral y proactiva del empleo público, con énfasis en la dirección pública profesional, la atracción de talento, la inclusión, el enfoque competencial y la evaluación del desempeño.
El segundo eje común se centra en fomentar políticas públicas basadas en evidencias y la participación, la gobernanza del dato para los servicios públicos y la evaluación rigurosa de las políticas.
El tercer eje se fija en la accesibilidad, con políticas diseñadas para las personas, el uso de lenguaje claro y accesible, la simplificación de los trámites administrativos, la eliminación de barreras digitales y la atención a colectivos vulnerables. Buena muestra de estos planteamientos se puede ver en el Estado en el diseño del ecosistema competencial, el directorio y el repertorio de puestos directivos o en el sistema de integridad de la Administración General del Estado. Y en el caso catalán se pueden citar la experimentación en nuevos sistemas de selección por competencias y no memorísticos, creación de equipos de alto rendimiento asociados a proyectos públicos innovadores
En resumen, ambas administraciones están adoptando un enfoque pragmático para su transformación, centrado en mejoras concretas y posibilistas que beneficien a la ciudadanía y abran la puerta a transformaciones más profundas. No solo proponen una administración más eficiente y de altas capacidades, sino también más cercana, inclusiva y comprometida con los valores democráticos y el bienestar ciudadano.
El valor de estos procesos es haberse construido sobre la implicación de muchos actores y de los servidores públicos para responder juntos a los desafíos a los que se enfrenta el contrato social, especialmente ante los desafíos digital y verde. Y que en la agenda de los asuntos públicos la reforma deje de ser una asignatura pendiente.
Manuel Pastor es el director general del Instituto Nacional de Administración Pública y miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado
Carles Ramió es presidente de la CETRA de la Generalitat y catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universitat Pompeu Fabra
