Juan Carlos I ha saldado los préstamos que consiguió gracias a un grupo de empresarios para poder saldar sus deudas con Hacienda. Según una información de El Mundo, el ex jefe del Estado ha devuelto ya un importe superior a los cuatro millones de euros gracias a los ingresos que ha generado residiendo en Emiratos Árabes, a donde llegó hace cinco años.
Fuentes de su entorno han asegurado a El Mundo que una parte de estos ingresos se corresponde a la venta de sus derechos para la realización de documentales sobre su vida así como la intermediación en operaciones comerciales. Dichas operaciones no pueden ni verificarse ni rastrearse por la Agencia Tributaria española al no residir de manera fiscal en España.
El rey emérito ya en febrero del 2021, hizo frente a una regularización voluntaria ante Hacienda que ascendía a unos 4.395.901,96 euros, incluyendo intereses. Esta cantidad hacía referencia a los viajes privados por importe de 8 millones de euros que llevó a cabo a través de la fundación off shore Zagatka. La entidad, capitaneada por su primo Álvaro de Orleans, ocultó a Hacienda todos los gastos, tanto en la Zarzuela como tras la proclamación de Felipe VI.
Unos meses antes el ex jefe de Estado se vio obligado a realizar otra regularización por valor de 680.000 euros, por los regalos que le hizo el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, y que se consideraron como un incremento patrimonial no justificado.
Fueron sus asesores jurídicos los que le aconsejaron que la fórmula para pagar las regularizaciones era la firma de préstamos con empresarios de confianza que debían ser devueltos en un plazo de tiempo para no seguir arrastrando nuevos problemas fiscales. Juan Carlos I podría haberse enfrentado a otro problema si Hacienda acreditaba que había rubricado préstamos ficticios. Pero si, como asegura su entorno, ha pagado en su totalidad, desaparecería este riesgo.
No es la primera vez que el emérito vive una situación similar. En el pasado le realizó un regalo a su hija Cristina de Borbón de 1,2 millones de euros para que se pudiese comprar con, su ahora exmarido, Iñaki Urdangarin, un palacete en Pedralbes, Barcelona. El importe fue desembolsado por el entonces rey ascendía a unos 9 millones. La infanta le devolvió una pequeña parte a su padre pero la Fiscalía acabó investigando la operación en el caso Nóos. Concluyó que era constitutiva del delito fiscal, pero la acabó declarando prescrita y no llegó a requerir el origen del dinero de aquel regalo.
En este contexto el rey emérito se acogió al artículo 305.4 del Código Penal, que establece que »se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria». De todas formas, la regularización fue muy controvertida porque debía realizarse antes de tener conocimiento de que estaba siendo investigado y la Fiscalía le había notificado unas diligencias de investigación contra él que sus asesores se negaron a recepcionar, provocando que nunca fuera oficialmente informado.
En junio del 2022 se supo que Hacienda le investigó por el regalo de cacerías y otros obsequios entre 2014 y 2018, en el periodo de abdicación. Solventó esta cuestión con el pago de una sanción administrativa inferior a los 500.000 euros y decidió trasladar su residencia fiscal fuera de España para dejar de ser vigilado.
