Tras la adopción de una importante ley sobre divisas digitales (la ley Genius) y con otras pendientes (la ley Clarity, aprobada por la Cámara de Representantes), Estados Unidos se perfila para convertirse en un importante centro de actividades relacionadas con las criptomonedas, o incluso, tomando al pie de la letra al presidente Donald Trump, en la “capital mundial de las criptomonedas”. Sin embargo, quienes apoyan la nueva legislación deberían tener cuidado con lo que desean.
Desafortunadamente, la industria de las criptomonedas ha adquirido tanto poder político -principalmente a través de donaciones políticas- que las leyes Genius y Clarity han sido diseñadas para impedir una regulación razonable. Lo más probable es que el resultado sea un ciclo de auge y caída de proporciones épicas.
Históricamente, la principal ventaja de los mercados financieros estadounidenses en comparación con otros países ha sido una transparencia relativamente mayor, que les permite a los inversores comprender mejor los riesgos y tomar decisiones mejor informadas. Estados Unidos también tiene reglas estrictas contra los conflictos de intereses, exige un trato justo a los inversores (incluida la protección de sus activos mediante acuerdos de custodia adecuados) y limita el riesgo que pueden asumir muchas entidades financieras.
Trump, tras firmar la ley Genius (Genius Act) el 19 de julio en la Casa Blanca
Este marco no es casual ni algo que haya surgido únicamente de la competencia de mercado. Más bien, es el resultado de leyes y regulaciones sensatas que se crearon en los años 1930 (tras una gran catástrofe) y que han evolucionado de forma razonable desde entonces. Estas reglas son la principal razón por la que en Estados Unidos es tan fácil hacer negocios, llevar nuevas ideas al mercado y captar capital para impulsar la innovación de todo tipo.
Cualquier empresario individual o incluso un nuevo sector potencial (como el de las criptomonedas) puede oponerse a estas reglas, alegando que son diferentes a todo lo que se ha visto en el mundo hasta ahora. Pero la innovación financiera implica riesgos para todo el sistema financiero, no solo para los inversores particulares. El objetivo de la regulación es proteger al conjunto.
Muchas economías importantes -incluida la estadounidense- lo han aprendido por las malas. En los últimos 200 años, han experimentado graves trastornos financieros e incluso colapsos sistémicos. Uno de estos colapsos contribuyó significativamente a la Gran Depresión, que comenzó con un desplome bursátil en 1929 y se extendió hundiendo a muchos bancos (y otras inversiones), destruyendo la riqueza y los sueños de millones de norteamericanos. Evitar que se repita esa experiencia ha sido, desde hace tiempo, un objetivo político importante.
La industria de las criptomonedas ha adquirido tanto poder político que las leyes Genius y Clarity han sido diseñadas para impedir una regulación razonable
Pero la ley Genius no promueve este objetivo. Crea un marco para las monedas estables (stablecoins), un importante activo digital emergente, emitido por empresas estadounidenses y extranjeras, que pretende mantener un valor estable frente a una determinada moneda o materia prima, siendo el dólar estadounidense el ancla más popular. Las stablecoins son útiles para los inversores que operan con criptomonedas, ya que les permiten operar con y sin criptoactivos específicos sin tener que navegar por el sistema financiero tradicional (no criptográfico). Cabe esperar una demanda significativa, incluso por parte de empresas no financieras (como Walmart y Amazon) que buscan eludir los sistemas de pago establecidos.
El modelo de negocio de los emisores de stablecoins consiste en aprovechar el diferencial entre lo que pagan por sus monedas (que, según esta legislación, es cero intereses) y lo que pueden recibir cuando invierten sus reservas, igual que un banco. Todos los incentivos para los emisores de stablecoins son invertir al menos parte de sus reservas en activos de mayor riesgo para obtener mayores rendimientos. Esto constituirá una importante causa de vulnerabilidad, sobre todo cuando los emisores cuenten con licencias de autoridades estatales permisivas.
De hecho, desde una perspectiva sistémica, la principal deficiencia de la ley Genius es su incapacidad para abordar eficazmente el riesgo inherente de fugas de las stablecoins, ya que impide a los reguladores prescribir sólidas salvaguardas de capital, liquidez y otras medidas. Y cuando algún emisor de stablecoins -nacional o extranjero- tenga problemas, ¿quién intervendrá, y con qué autoridad, para evitar que los problemas se extiendan a la economía real, como en los años 1930?
La simple aplicación del código de quiebras a los emisores de stablecoins en quiebra les impondrá, inevitablemente, costos a los inversores, como retrasos prolongados en la recepción de lo que resta de su dinero. Es casi seguro que esto exacerbará las fugas de otros emisores de stablecoins.
La ley Clarity permitiría conflictos de intereses y tráfico de influencias a una escala no autorizada desde 1920
Asimismo, si los objetivos de la ley Genius incluyen preservar el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial e impulsar la demanda de bonos del Tesoro (como afirman sus defensores), ¿por qué el artículo 15 de la ley permite a los emisores extranjeros invertir sus reservas en activos como la deuda pública (de riesgo) de su propio país, incluso si esa deuda no está denominada en dólares? Deberíamos esperar que los reguladores extranjeros aprueben o incluso favorezcan tales acuerdos. Pero entonces tendremos stablecoins con obligaciones fijas en dólares, respaldadas en gran medida por activos no denominados en dólares -y es fácil imaginar el impacto que tendrá una fuerte apreciación del valor del dólar en tales acuerdos (alerta de spoiler: problemas inmediatos de liquidez, temores de insolvencia y fugas desestabilizadoras).
Se avecinan muchos más problemas, sobre todo si el Senado aprueba alguna versión de la ley Clarity. Esta legislación permitiría conflictos de intereses y tráfico de influencias a una escala no permitida desde la década de 1920. También hay importantes preocupaciones en materia de seguridad nacional, en la medida en que tanto la ley Genius como el proyecto de ley Clarity permiten o incluso facilitan el uso continuado de stablecoins (y de criptomonedas en general) en transacciones financieras ilícitas.
Estados Unidos bien podría convertirse en la capital mundial de las criptomonedas y, bajo su marco legislativo emergente, unos cuantos ricos seguramente se enriquezcan aún más. Pero en su afán por cumplir las órdenes de la industria de las criptomonedas, el Congreso ha expuesto a los norteamericanos y al mundo a la posibilidad real de que vuelvan los pánicos financieros y se produzcan graves perjuicios económicos, lo que implica pérdidas masivas de empleos y destrucción de riqueza.
SIMON JOHNSON. Premio Nobel de Economía en 2024 y execonomista jefe del FMI, es profesor de la Escuela de Gestión Sloan del MIT y coautor (junto con Daron Acemoglu) de ‘Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity’ (PublicAffairs, 2023).
Copyright: Project Syndicate, 2025.
