La Conferencia Episcopal Española (CEE) se sitúa junto a la comunidad islámica en la repulsa al veto a los actos religiosos de dicha confesión aprobado por PP y Vox en el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia). Los obispos remarcan además que la Constitución garantiza la libertad de culto. “En relación a la decisión del ayuntamiento de Jumilla nos unimos a la postura de la Comisión Islámica de España”, apunta la CEEE en un escueto comunicado emitido este jueves.
El Partido Popular, con su voto favorable, y Vox, instigador del texto, con una abstención, aprobaron una moción en el consistorio de la localidad murciana el pasado 28 de julio en el que se acordaba vetar los actos del Ramadán en las instalaciones municipales. “Las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución”, subrayan los obispos, que añaden que “la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es la perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar”.
Los obispos remarcan que hacer estás restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas
Dos hombres de origen marroquí este jueves en el barrio de Nuestra Señora de Fátima de Jumilla
Por ello, los obispos piden que se valore de forma objetiva y con especialistas, “con criterios técnicos”, si dichos actos suponen una alteración del orden público. “Para que no responda a una decisión arbitraria o ideológica”, agrega la CEE, que considera que si se imponen restricciones a los actos religiosos se deben aplicar también “a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos”.
Asimismo, la Iglesia española considera que el veto promovido y alentado por Vox que el PP matizó para respaldarlo, “atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano” y a lo que estipula la Declaración de los Derechos Humanos, un documento universal. ”La limitación de estos derechos, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes”, afirman los obispos, que concluyen que “hacer estás restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas”.
En una línea similar, el Gobierno ha señalado que la prohibición de dichos actos es inconstitucional. El Ministerio de Justicia, en un comunicado, también recuerda que la Constitución protege la libertad religiosa y que está reconocida como un derecho fundamental. Asimismo, añade que “la convivencia entre religiones es un valor fundamental para la construcción de una sociedad inclusiva y respetuosa”.
El PP, a su vez, trata de quitar hierro al polémico acuerdo que aprobó en Jumilla (Murcia) y se escuda en que el texto de la moción misma no se habla de ninguna religión ni ningún rito concreto. Así lo ha defendido este mismo jueves desde Marbella el coordinador general del PP, Elías Bendodo, para quien “eso no va de religión ni de nacionalidades si no de una modificación legal de un ayuntamiento”. “Son solo dos puntos en los que no se habla de ninguna religión ni ningún rito”, ha insistido el dirigente popular, que considera que “es falso que el PP señale a nadie”.
Pero lo cierto es que la prohibición de los actos religiosos en las instalaciones deportivas de Jumilla, en las que hasta ahora los celebraba la comunidad musulmana el Ramadán o la Fiesta del Cordero, forma parte de una iniciativa del PP que rebajaba las exigencias y pretensiones iniciales de Vox, que cuenta con un solo concejal en ese municipio de casi 30.000 habitantes y quería prohibir las festividades de raíz en toda la localidad, sin hacer referencia a las instalaciones municipales.
La comunidad judía se suma al reproche
La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) se ha sumado al reproche contra la decisión del ayuntamiento de Jumilla. La Federación “expresa su rechazo a la decisión del Ayuntamiento de impedir actos religiosos musulmanes en espacios públicos. Vulnerar la libertad religiosa es un grave retroceso democrático”, indicaron fuentes de la organización a Europa Press. Asimismo, fuentes de la Federación han defendido la “libertad y seguridad” para todas las comunidades. “Ojalá ninguna confesión tenga que vivir como la judía en España: con escolta en cada sinagoga y en cada acto de culto. Ya lo dijimos tras el incendio de la mezquita de Piera: todas las comunidades deben poder celebrar su fe con libertad y seguridad”, señalan estas fuentes.
El incidente al que hace referencia la comunidad judía en Piera sucedió el mes pasado en esta localidad de la comarca del Anoia donde un edificio religioso de la comunidad musulmana fue pasto de las llamas a consecuencia de un incendio provocado según han concluido las investigaciones. Días después vecinos de Piera participaron en una manifestación en favor de la convivencia.
