Finalmente, la inmigración ha irrumpido. Los conflictos en Torre Pacheco y otros municipios han mostrado que una parte del país no es distinta de la de ciertos europeos. Y no podía ser de otro modo, como mínimo por dos motivos. El primero, por un poso de racismo estructural: al igual que otros países colonizadores, España no es ajena a la visión de unos colonizados inferiores. Y esa concepción perdura. El segundo, marcada asimetría entre beneficios macroeconómicos y costes individuales. Vayamos por partes.
Tiene razón el presidente Sánchez al afirmar que la inmigración explica una parte notable del crecimiento. Ahí, la evidencia es abrumadora: entre 2018 y 2024, el 72% del empleo creado (2,3 millones) lo han absorbido nacidos en el extranjero, mientras en Catalunya se acerca al 100% de los más de 450.000 nuevos ocupados lo que, traducido al aumento del PIB, apunta a una contribución mínima del 35/45%. Podríamos continuar con su peso en el empleo (un 30% en Catalunya), su decisiva contribución al de ciertos sectores (primario, industria alimentaria, comercio, hostelería, transportes…) o su participación en el crecimiento de los ingresos públicos.
Si una buena provisión de servicios públicos, emergen los conflictos con la inmigración
Pero que sean decisivos en el avance del PIB y otras macromagnitudes es sólo parte del balance del país con la inmigración. Otra, muy relevante para el conflicto que comienza a emerger, es la pérdida de bienestar de los negativamente afectados por los efectos de la inmigración sobre alquileres, educación, sanidad o ayudas sociales. Porque su concentración territorial es mucho más relevante de lo que las medias sugieren: en 2024, frente al 24% de inmigrantes en la población catalana, su peso se desborda en ámbitos territoriales más reducidos en los que los costes individuales son más perceptibles. Estos son los casos del Barcelonès (32% de los residentes), el Alt Empordà (31%) o, por encima de la media, los de la Segarra, el Baix Empordà, el Gironès, el Tarragonès o la Garrotxa; o, en un ámbito urbano, los de Lloret de Mar (45% de los residentes) o Salt (44%) y valores muy elevados en Hospitalet (38%), Figueres y Roses (36%), Barcelona (33%), Olot (32%) y Santa Coloma de Gramenet (30%), entre otros municipios. Y, como muestra la profesora de Princeton Rafaela Dancynger ( Immigration and Conflict in Europe , 2010), la experiencia sugiere que los conflictos con la inmigración emergen cuando la oferta de bienes públicos no es la adecuada: inevitablemente, genera competencia entre nativos e inmigrantes y con ella asoma el potencial conflicto.
Racismo de fondo y servicios públicos insuficientes, dos razones del conflicto que comienza a vislumbrarse. Sobre valores sociales, en el corto plazo poco podemos hacer. Pero sí se puede actuar sobre la provisión de servicios públicos, aunque no queda mucho tiempo: si no actuamos rápidamente y con decisión hoy, lloraremos mañana.
